Bolaños recibe una petición urgente de la Abogacía para frenar juicios y plazos en las zonas incendiadas
El Consejo General de la Abogacía pide al ministro de Justicia y al CGPJ que paralicen las actuaciones ordinarias para evitar que evacuados y profesionales afectados pierdan recursos, trámites o señalamientos
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
La presión sobre el Ministerio de Justicia aumenta ante las dificultades provocadas por los incendios forestales. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha pedido formalmente al ministro Félix Bolaños y a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, que suspendan los plazos procesales y administrativos en los territorios afectados por el fuego.
La solicitud se refiere a los partidos judiciales de las zonas castigadas por los incendios en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila, Toledo y Castellón. La Abogacía también plantea detener la actividad judicial ordinaria y suspender las actuaciones que afecten a abogados que no puedan desarrollar su trabajo con normalidad como consecuencia directa de la emergencia.
El objetivo es impedir que evacuaciones, confinamientos, cortes de carreteras o la imposibilidad de acceder a viviendas y despachos terminen perjudicando el derecho de defensa. González considera la medida necesaria para que las personas afectadas no pierdan la posibilidad de presentar recursos, atender requerimientos o comparecer ante los tribunales.
Bolaños recibe una petición más amplia que la suspensión de juicios
La reclamación no se limita a aplazar vistas. La Abogacía pretende que se interrumpa también el cómputo de los plazos administrativos y que los profesionales establecidos en las zonas afectadas puedan acogerse a la suspensión cuando acrediten que el incendio les impide atender una actuación.
Por el momento, la declaración de una emergencia o una orden de evacuación no paraliza automáticamente los procedimientos. El Colegio de la Abogacía de Madrid ha advertido a sus colegiados de que deben comunicar inmediatamente cualquier incidencia al juzgado correspondiente mientras no exista una resolución general que suspenda los plazos.
El ICAM ha concretado su petición al Gobierno en la aprobación urgente de un real decreto-ley que interrumpa los términos procesales en los partidos judiciales de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial, dos de las demarcaciones madrileñas más expuestas a las consecuencias de los incendios.
También reclama que puedan acogerse a una causa de fuerza mayor las partes, abogados, procuradores, testigos u otros intervinientes que deban actuar ante un juzgado situado fuera de esas demarcaciones, pero que se encuentren personalmente afectados por la emergencia.
La propuesta incluye recuperar mediante un procedimiento rápido los plazos que hayan vencido desde el 24 de julio por causas relacionadas directamente con el fuego. Esa restitución tendría que respetar las resoluciones que ya sean firmes y los derechos adquiridos por terceros de buena fe.
Además, el Colegio madrileño solicita interrumpir los plazos de prescripción y caducidad y extender la protección a trámites tributarios, obligaciones con la Seguridad Social, subvenciones, contratación pública y otros procedimientos administrativos sometidos a normativas específicas.
El CGPJ vigila la situación, pero todavía no activa el protocolo
La petición llega después de que el CGPJ actualizara su protocolo de actuación judicial ante emergencias y catástrofes. El documento permite adoptar medidas como la suspensión generalizada de señalamientos, el cierre o traslado de sedes cuyo acceso resulte peligroso y la utilización de medios telemáticos para mantener los servicios esenciales.
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces mantiene contactos con los tribunales superiores de Justicia de Madrid y Castilla y León para evaluar la incidencia de los incendios. Sin embargo, la última información oficial señalaba que los servicios de guardia continuaban funcionando con normalidad y que, en ese momento, no se consideraba necesaria la activación inmediata de medidas extraordinarias.
Abogados y procuradores sostienen que esa normalidad formal no refleja todas las dificultades existentes sobre el terreno. Las evacuaciones, los confinamientos y los cortes de tráfico pueden impedir el desplazamiento de ciudadanos, funcionarios y profesionales, incluso cuando los edificios judiciales permanecen abiertos.
El Colegio de Procuradores de Madrid se ha sumado a la reclamación al considerar que no resulta razonable mantener juicios o actuaciones que algunas de las personas convocadas no pueden atender materialmente. El ICAM, por su parte, ha habilitado asistencia telefónica prioritaria, espacios temporales de trabajo, apoyo psicológico y mecanismos para gestionar incidencias relacionadas con vistas, guardias y vencimientos procesales