El Gobierno asfixia el pastoreo extensivo con burocracia mientras España arde por falta de limpieza

Ovejas, cabras y vacas llevan siglos realizando una labor esencial en el campo español: consumir hierba, brotes, rastrojos y matorral antes de que esa vegetación se seque y se convierta en combustible para las llamas. Sin embargo, mientras España vuelve a enfrentarse a grandes incendios forestales, el pastoreo extensivo pierde terreno atrapado entre la falta de rentabilidad y una burocracia cada vez más difícil de asumir.

Los rebaños no sustituyen a los cortafuegos, los trabajos forestales ni los medios de extinción, pero ayudan a mantener despejados caminos, montes y franjas estratégicas. Al reducir la continuidad de la vegetación, pueden disminuir la intensidad del fuego y dificultar que las llamas avancen sin obstáculos durante kilómetros.

El problema es que los ganaderos que podrían desempeñar esa función preventiva deben enfrentarse a permisos, registros, controles veterinarios, declaraciones de superficies y normas diferentes dependiendo de la comunidad autónoma y del tipo de terreno.

No existe una autorización única para llevar un rebaño al monte. Las condiciones cambian según se trate de una finca privada, un monte público, un terreno protegido o una superficie afectada anteriormente por un incendio. El ganadero debe conocer quién es el titular, comprobar si el aprovechamiento está previsto en el correspondiente plan forestal y respetar las cargas ganaderas, los periodos autorizados y las limitaciones ambientales.

A ello se suman las obligaciones propias de la actividad ganadera: inscripción de las explotaciones, identificación de los animales, comunicación de movimientos, controles sanitarios, requisitos de bienestar y documentación sobre los terrenos utilizados.

La PAC convierte cada hectárea pastoreada en un expediente

La Política Agraria Común añade otra capa administrativa. Para recibir determinadas ayudas, los profesionales deben declarar las superficies aprovechadas, justificar el número de animales y acreditar que los terrenos cumplen los requisitos exigidos.

La dificultad aparece especialmente en montes y dehesas donde conviven árboles, pastos y matorral. Una superficie puede estar siendo utilizada realmente por el ganado y cumplir una función preventiva frente a los incendios, pero no ser reconocida en su totalidad como pasto subvencionable.

Los coeficientes aplicados por la Administración pueden reducir la superficie admisible y, por tanto, las ayudas que recibe la explotación. El ganadero termina obligado a aportar documentación, presentar alegaciones o demostrar mediante controles que sus animales pastan en terrenos que los mapas administrativos no siempre reconocen correctamente.

Las organizaciones agrarias reclaman desde hace años que se reconozca dentro de la PAC la función ambiental de la ganadería extensiva. También exigen que los profesionales reciban una compensación por mantener limpio el territorio y reducir la vegetación que alimenta los incendios.

Mientras se multiplican los formularios y los controles, numerosas pequeñas explotaciones desaparecen por la falta de rentabilidad, el aumento de los costes, los problemas sanitarios, los ataques de fauna salvaje y la ausencia de relevo generacional.

Cada explotación que cierra significa menos animales recorriendo el campo, menos caminos abiertos, menos pastos aprovechados y más vegetación acumulada. El abandono de tierras agrícolas y ganaderas termina creando grandes superficies continuas de matorral y hierba seca por las que el fuego puede avanzar con enorme rapidez.

Trabas también para limpiar los montes

Las dificultades no afectan únicamente al pastoreo. Los propietarios, agricultores y ganaderos también deben cumplir diferentes autorizaciones y calendarios para realizar desbroces, podas, quemas controladas y otros trabajos de limpieza forestal.

Parte de estas restricciones tiene como objetivo proteger los ecosistemas y evitar que una maquinaria, una quema o una chispa provoquen un incendio durante los meses de mayor riesgo. Sin embargo, el sector denuncia que la lentitud de los permisos y la falta de planificación impiden realizar determinados trabajos cuando todavía pueden llevarse a cabo con seguridad.

La paradoja se repite en numerosos territorios: la vegetación no se retira durante los meses adecuados por falta de autorizaciones, recursos o adjudicaciones y, cuando llega el verano, las tareas quedan limitadas porque el riesgo de incendio ya es demasiado elevado.

La Agenda 2030 no contiene una prohibición expresa del pastoreo ni de la limpieza de los montes. Sin embargo, muchas de las políticas ambientales, climáticas, sanitarias y de biodiversidad desarrolladas en los últimos años se enmarcan dentro de esa transformación ecológica.

La protección de los hábitats, el bienestar animal, la trazabilidad sanitaria y la conservación de determinadas especies pueden responder a objetivos legítimos. El conflicto surge cuando su aplicación se traduce en nuevas inspecciones, permisos, mapas, registros y restricciones que recaen sobre el mismo profesional.

Para un pequeño ganadero, el resultado práctico es más tiempo dedicado a formularios y gestorías y menos horas destinadas al cuidado de los animales y a la gestión del territorio.

El propio Ministerio de Agricultura ha reconocido en distintos documentos técnicos que la ganadería extensiva contribuye a prevenir incendios, conservar los pastos, proteger el suelo y mantener la biodiversidad. Sin embargo, ese reconocimiento no se ha traducido en una simplificación suficiente de los trámites ni en un sistema estable que remunere a los ganaderos por la limpieza natural que realizan.

España dispone de una de las herramientas más antiguas y eficaces para reducir el combustible vegetal, pero la mantiene atrapada en un laberinto administrativo. Mientras desaparecen los rebaños y se abandonan los montes, la vegetación continúa acumulándose hasta que las llamas encuentran un territorio sin gestionar por el que avanzar.