Los Franco retiran más de 400 bienes del Pazo de Meirás tras el proceso judicial que delimitó la propiedad de los enseres

La familia Franco ha iniciado el traslado de más de 400 objetos del Pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, una vez concluido el procedimiento judicial que estableció qué bienes correspondían a los herederos del dictador y cuáles debían permanecer bajo propiedad del Estado. Entre los enseres que abandonan la finca figuran muebles y diferentes elementos ornamentales que no fueron reclamados por la Administración.

Este movimiento llega después de que la Justicia ordenara inscribir oficialmente el Pazo de Meirás a nombre del Estado, culminando así los trámites impulsados por la Abogacía del Estado tras la resolución definitiva del Tribunal Supremo, que confirmó que la finca no pertenecía a la familia Franco.

El Alto Tribunal ratificó que el inmueble había estado destinado desde 1938 al servicio de la Jefatura del Estado, rechazando los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco. La sentencia de la Sala de lo Civil concluyó, además, que los ocupantes de la finca no podían considerarse propietarios, al menos hasta la década de los noventa, cuando cesó su utilización por parte de la Administración. Asimismo, indicó que no se había cumplido el plazo legal de treinta años necesario para adquirir la propiedad por usucapión.

Un "expolio" para la CRMH

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de La Coruña ha calificado la retirada de estos bienes como un "expolio", denunciando además que se produce con la "complicidad" del Estado y la "total pasividad" de la Xunta de Galicia.

A través de un comunicado, la entidad ha censurado la "pésima gestión" del Gobierno en la defensa de la titularidad pública de los bienes muebles del Pazo de Meirás. Según sostiene, esta actuación ha permitido que los Franco "saqueen" numerosas piezas que, a su juicio, exceden los objetos de carácter personal o aquellos incorporados a la finca tras el fallecimiento del dictador, y que forman parte del inventario de más de 400 elementos no reclamados por el Estado.

La CRMH asegura igualmente que entre los bienes que están siendo retirados existen numerosos objetos vinculados directamente a la etapa franquista, insistiendo en que ello es consecuencia de un procedimiento en el que, según denuncia, el patrimonio no fue protegido adecuadamente por la Administración.

La asociación también critica que "El Estado suspende de forma unilateral y una vez más las visitas programadas para este viernes en el Pazo de Meirás, para que la empresa contratada por los Franco pueda seguir con los trabajos de desmontaje y extracción de los bienes. Todo ello con la pasividad de la Xunta", circunstancia que considera especialmente grave.

Por último, la organización reclama al Ministerio de Memoria Democrática que ofrezca las "explicaciones" pertinentes y asuma las responsabilidades políticas que, a su juicio, correspondan. Asimismo, plantea dudas sobre si la Xunta de Galicia ejerció las funciones de supervisión, control y autorización previa de los trabajos realizados, entre los que se incluyó la colocación de andamios para desmontar algunos elementos del inmueble.