Leire Díez, a la desesperada ante el juez: se aferra a su versión inicial para intentar salvarse con todo en su contra

Pese a las pruebas que han salido a luz durante estos meses y que ponen tanto a ella como al propio PSOE en una situación verdaderamente delicada, Leire Díez no se mueve un milímetro de la versión con la que ha tratado de explicar sus polémicas reuniones y movimientos desde que estalló el caso. Ante un escenario judicial cada vez más complicado, la exmilitante socialista vuelve a aferrarse a la tesis de que todo lo que hizo respondía exclusivamente a una investigación periodística y que nunca pretendió proteger al PSOE ni interferir en las causas que afectaban al partido.

Es la explicación que su defensa ha vuelto a poner encima de la mesa ante el juez Arturo Zamarriego mediante un escrito. Díez ha negado que su "investigación" tuviera como objetivo "desestabilizar ningún tipo de causa judicial que afectara a los intereses del PSOE" y también ha rechazado que detrás de sus actuaciones existiera cualquier "finalidad espuria".

Una versión que tiene por delante obstáculos importantes. No sólo por los audios que desencadenaron la investigación y por el contenido de algunas de las conversaciones conocidas, sino porque actualmente existen dos procedimientos judiciales relacionados con sus movimientos y uno de ellos investiga precisamente una presunta trama destinada a desbaratar causas que afectaban al PSOE y al Gobierno. Díez, sin embargo, insiste: asegura que únicamente buscaba información para su libro.

Su abogada, Eva Bejarano, explica en este nuevo documento remitido este viernes al magistrado Zamarriego que las "intervenciones" de su defendida tenían como finalidad "conseguir información en el seno de una investigación que estaba llevando a cabo como periodista sobre diversas causas judiciales".

El difícil encaje de su versión con los audios

El problema para Díez es que esa explicación tendrá que superar el escrutinio de las grabaciones que ya forman parte del caso. Especialmente relevante resulta el audio de la reunión que mantuvo por videoconferencia en febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario encausado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude de hidrocarburos y huido de la Justicia en Dubái.

En aquella conversación se escucha a Díez solicitar información comprometedora sobre Antonio Balas, teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. A cambio, ella le habría ofrecido favores al empresario. Fue precisamente la difusión de aquella conversación la que terminó dando origen a la investigación que dirige Zamarriego, en la que Díez figura imputada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Aunque se trata de procedimientos independientes, Santiago Pedraz mantiene abierta en la Audiencia Nacional otra investigación sobre una presunta trama destinada a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. La hipótesis investigada apunta a que habría estado liderada por el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la propia Leire Díez. Pedraz ha solicitado unificar las dos causas, aunque por el momento esa unión no se ha llevado a cabo.

Díez pasa al ataque contra las grabaciones

Con este escenario, la estrategia de la defensa no consiste únicamente en reiterar que Díez actuaba como periodista. También trata de cuestionar uno de los principales elementos que han colocado a la exmilitante socialista contra las cuerdas: las grabaciones. Bejarano ha asegurado que su defendida fue "objeto de grabaciones ilegítimas" durante conversaciones privadas mantenidas en un despacho de abogados con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La abogada ha ido todavía más lejos y ha sostenido que esos audios fueron posteriormente "modificados" y "cortados" para publicarlos en los medios de comunicación y alimentar "toda una campaña de desprestigio" contra Díez que, según su versión, habría terminado desembocando en el procedimiento judicial.

La defensa intenta así desplazar parte del foco hacia el origen y tratamiento de las grabaciones, al tiempo que reclama al juez nuevas diligencias con las que pretende respaldar su relato. "La realidad es que dichas reuniones y las actuaciones llevadas a cabo por Leire sólo tenían como fin investigar causas judiciales, lo cual se podrá establecer con las diligencias solicitadas", ha defendido su abogada.

Entre esas peticiones figura que la Guardia Civil entregue la relación de "consultas o búsquedas" realizadas en las bases de datos del cuerpo a nombre de Leire Díez, detallando las fechas y la identidad de las personas que hubieran accedido a esa información. También solicita al Instituto Armado los informes que pudieran existir sobre la reunión que Díez mantuvo en marzo de 2025 con Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil imputado en el 'caso Koldo'.

Además, quiere que el cuerpo aclare si Pedro Gil, el hombre al que Díez señala como supuesto filtrador de la conversación con Hamlyn, mantiene algún tipo de relación con la Guardia Civil y qué actividad habría desempeñado. La defensa insiste igualmente en que sea citado como testigo.

Díez intenta de esta manera apuntalar una versión que no ha cambiado desde que comenzaron a conocerse sus reuniones: ella estaba investigando como periodista y no trabajando para neutralizar problemas judiciales del PSOE.

Pero ahora tendrá que convencer a los tribunales de que esa explicación encaja con el contenido de los audios y con el conjunto de actuaciones que están siendo investigadas. Con dos causas judiciales abiertas y conversaciones comprometedoras incorporadas al caso, la exmilitante socialista se aferra a su tesis inicial mientras su defensa trata de desacreditar precisamente algunos de los elementos que más difícil hacen sostenerla.