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Pedraz abre el frente extremeño del caso Leire y cita al fiscal jefe de Badajoz

La Audiencia Nacional investiga si hubo movimientos desde la Fiscalía para influir en la causa contra David Sánchez y proteger las operaciones atribuidas a la fontanera del PSOE

Santiago Pedraz y Leire Díez

Santiago Pedraz y Leire Díez

Patricia Rodríguez Corchado

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha activado la ramificación extremeña del caso Leire. El magistrado ha citado como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Tejuca, para que declare el próximo 10 de septiembre en el marco de las diligencias que investigan las supuestas maniobras impulsadas por Leire Díez para interferir en procedimientos judiciales sensibles para el PSOE.

La declaración pretende aclarar los contactos que se produjeron entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Provincial de Badajoz mientras avanzaba la investigación judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación pacense.

La citación fue solicitada por la acusación popular unificada después de que Diego Villafañe, antiguo número dos del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, reconociera que se puso en contacto con Tejuca tras mantener una reunión con Leire Díez.

Pedraz quiere reconstruir ahora qué información se transmitió entre ambos fiscales y comprobar si desde los órganos centrales del Ministerio Público se intentó condicionar la actuación de la Fiscalía de Badajoz. Esta nunca formuló acusación contra David Sánchez ni contra Gallardo durante el procedimiento instruido por la juez Beatriz Biedma.

Las agendas que señalaban a Badajoz

La investigación de la Audiencia Nacional tiene entre sus principales elementos las anotaciones intervenidas a Leire Díez. En ellas aparecen referencias directas a la causa seguida en Badajoz y a diferentes movimientos destinados, presuntamente, a desacreditar a la magistrada que investigaba al hermano de Pedro Sánchez.

Las notas reflejan una estrategia basada en la presentación simultánea de acciones judiciales contra David Sánchez y contra la propia juez. El objetivo que se desprende de esas anotaciones era reducir la exposición pública del procedimiento principal y provocar la recusación o el apartamiento de Beatriz Biedma.

Entre las personas mencionadas figura el abogado y exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada, que meses después trató de personarse en el procedimiento y promovió distintas actuaciones contra la instructora.

En una anotación fechada en septiembre de 2024, Díez vinculaba expresamente a Sáenz de Tejada con una denuncia contra la juez del caso David Sánchez. En otras páginas aparecían referencias a la Fiscalía de Badajoz, a las normas de reparto judicial y a una eventual querella de la Diputación Provincial contra la magistrada.

Las notas también contemplaban la presentación de una queja disciplinaria ante el Consejo General del Poder Judicial y la organización de una rueda de prensa sobre derechos fundamentales. Parte de la estrategia debía ejecutarse, según lo escrito, antes de que David Sánchez adquiriera formalmente la condición de investigado.

El intento de apartar a la juez Biedma

Sáenz de Tejada inició en marzo de 2025 una ofensiva judicial contra Beatriz Biedma. Primero trató de incorporarse como acusación popular al procedimiento y, después, promovió la recusación de la magistrada alegando una supuesta enemistad manifiesta.

La instructora rechazó su personación al considerar que no cumplía los requisitos legales para ejercer la acción popular. El abogado recurrió la decisión y acusó a Biedma de mantener una animadversión personal contra él.

La Fiscalía Provincial de Badajoz intervino en aquel incidente y respaldó la posición de la magistrada. En un escrito fechado el 17 de marzo de 2025, el Ministerio Público sostuvo que Sáenz de Tejada no había acreditado legitimación suficiente para personarse en la causa y pidió confirmar íntegramente la resolución recurrida.

Tres días más tarde, el exmagistrado presentó formalmente la recusación. En su escrito atribuyó a Biedma una hostilidad derivada de sus anteriores denuncias sobre supuestas irregularidades en los juzgados pacenses y enumeró hasta trece circunstancias con las que pretendía justificar su apartamiento.

La magistrada también reprochó al abogado el contenido de varios vídeos publicados en internet, en los que se cuestionaba su actuación mediante expresiones y títulos descalificadores. Biedma consideró que esos contenidos evidenciaban una falta de argumentos jurídicos y una utilización impropia de su antigua condición de juez.

Las diligencias acabaron en la Audiencia Nacional

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz abrió el 18 de junio de 2025 diligencias contra Leire Díez y Sáenz de Tejada por posibles delitos de cohecho, estafa procesal y revelación de secretos.

El procedimiento se inició tras las querellas presentadas por Hazte Oír y Manos Limpias, que denunciaron supuestas actuaciones dirigidas a alterar el desarrollo de la investigación contra David Sánchez y varios responsables de la Diputación de Badajoz.

Dos días después, el juzgado pacense se inhibió a favor de los tribunales de Madrid al entender que los hechos investigados habrían ocurrido principalmente en esa jurisdicción. Las diligencias terminaron incorporándose a la causa que instruye Pedraz en la Audiencia Nacional.

Las denuncias iniciales acusaban a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset de posibles delitos de obstrucción a la Justicia y fraude procesal. También señalaban que la intervención de Sáenz de Tejada se produjo cuando la investigación de Biedma se encontraba ya muy avanzada.

La acusación popular sostuvo que su intento de personación y recusación no perseguía participar legítimamente en el proceso, sino alterar su desarrollo. El exmagistrado también trató de impulsar la incorporación de su hermana, Patricia Sáenz de Tejada, como acusación popular, una pretensión que igualmente fue rechazada.

Pedraz deberá determinar ahora si esas actuaciones respondieron a iniciativas individuales o si formaron parte de una operación coordinada para interferir en causas judiciales que afectaban a dirigentes socialistas y al entorno del presidente del Gobierno.

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