La extradición que puede explicar la nueva amenaza de Marruecos a España

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, amenazó esta semana con revisar e incluso suspender el convenio de extradición con España. No explicó qué casos concretos habían provocado el enfado de Rabat. Sin embargo, apenas dos meses antes, la Audiencia Nacional había rechazado entregar a Marruecos al empresario Larbi Tadlaoui, reclamado por uno de los mayores fiascos inmobiliarios y turísticos del país vecino.

Las fechas no prueban por sí solas una relación de causa y efecto, pero tampoco resultan irrelevantes. El 3 de junio, la Sección Primera de la Sala de lo Penal denegó por unanimidad la extradición de Tadlaoui. El 12 de agosto, Ouahbi denunció una supuesta falta de reciprocidad por parte española y advirtió: “Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos”. El ministro no identificó ningún expediente concreto.

Un negocio de casi 200 millones

Tadlaoui estaba reclamado por el fracaso del Paradise Golf & Beach Resort, un ambicioso complejo proyectado cerca de Tánger, valorado en cerca de 200 millones de euros. Debía incluir unas 400 viviendas y un campo de golf, pero las obras quedaron paralizadas y alrededor de 800 inversores, muchos de ellos británicos, perdieron importantes cantidades de dinero.

El caso llegó incluso al Parlamento británico, donde se destacó que la promoción había sido presentada como parte de la estrategia marroquí para atraer inversión extranjera y contaba con una notable implicación institucional.

Marruecos sostiene que Tadlaoui cometió una estafa. La Audiencia Nacional, sin embargo, concluyó que los hechos descritos responden a un incumplimiento contractual de naturaleza civil y no a un delito penal. Los jueces tampoco apreciaron el engaño previo necesario para hablar de estafa en España.

Ese matiz es decisivo: el convenio bilateral exige que la conducta perseguida constituya delito en ambos países. Y la Sala entendió que ese requisito, conocido como doble incriminación, no se cumplía. La resolución está fechada el 3 de junio.

Tadlaoui, detenido en Algeciras en septiembre de 2025 tras una alerta de Interpol, asegura que Rabat pretende utilizarlo como “cabeza de turco”. Es su versión. El dato judicial es que ya había sido condenado en Marruecos en 2017 a seis meses por no ejecutar el contrato, no por estafa.

Ouahbi afirmó que su malestar se debe a entregas frustradas después de movilizar agentes marroquíes, una queja distinta al razonamiento empleado por la Audiencia Nacional. Pero evitó poner nombres. No sabemos si pensaba en Tadlaoui. Sí sabemos que, dos meses antes de su advertencia, España había propinado a Rabat un serio revés judicial en un caso millonario, políticamente incómodo y con cientos de inversores extranjeros afectados. Quizá sea una coincidencia. O quizá no.