Gamarra pone deberes a Sánchez: mando único, más agentes y retornos inmediatos
El PP registra una iniciativa para declarar la situación en Ceuta de interés para la Seguridad Nacional, reforzar Policía, Guardia Civil y Ejército, y articular el regreso de adultos y menores conforme a los convenios vigentes

Cuca Gamarra, durante su rueda de Prensa
Cuca Gamarra ha presentado el plan del PP para Ceuta: declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, establecer un “mando único” y reforzar la presencia de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas. “No es mucho pedir”, ha sostenido la dirigente popular, que reclama al Gobierno ponerse “en la piel” de los ceutíes.
La propuesta se ha registrado en el Congreso mediante una proposición no de ley y exige una actuación “inmediata y urgente” para recuperar la normalidad, proteger la integridad territorial y acabar con la “sensación de abandono” que padece la ciudad autónoma.
El PP plantea también un Plan Nacional de Normalización, el envío de 50 funcionarios de Extranjería y la llegada de especialistas de la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. Si fuera necesario, esos efectivos deberían proceder “de todas las comisarías de España”. “Es necesario blindar la seguridad en la ciudad”, ha remarcado.
El punto más delicado es el de los retornos. Gamarra reclama el regreso “inmediato” de quienes accedieron irregularmente, tanto adultos como menores. En estos últimos casos, sostiene que Marruecos los ha reclamado y que existen convenios bilaterales para tramitar, con las garantías jurídicas correspondientes, su reunificación familiar o acogida por los servicios de protección marroquíes. “Es el único camino. No hay otra vía”, ha defendido.
España
Sánchez reúne a siete ministros desde Lanzarote: mucha pantalla y pocas respuestas
Mariola López
La iniciativa añade una reforma de la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera por vía marítima, el despliegue de Frontex y explicaciones sobre las alertas de inteligencia recibidas antes de la avalancha.
Gamarra acusa al Ejecutivo de “incapacidad, irresponsabilidad, pasividad e inacción” y respalda el plazo de 30 días concedido por Juan Vivas. “La soberanía y la integridad no se pueden subcontratar”, ha concluido.