Sánchez, obligado a adelantar las elecciones generales: empieza la cuenta atrás con la fecha tope del 22 de agosto de 2027
Agotar la legislatura hasta agosto obligaría a una campaña en vacaciones y a votar dos veces en un mes, un disparate que ni Sánchez puede permitirse
Pedro Sánchez votando junto a su mujer, Begoña Gomez
La cuenta atrás ha comenzado. Exactamente dentro de un año, el 22 de agosto de 2027, expira el plazo legal máximo para que los españoles acudan a las urnas en las próximas elecciones generales si Pedro Sánchez se empeña en agotar la legislatura hasta el último día. Esa fecha no es una opción razonable: es un disparate mayúsculo.
Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el mandato de las Cortes que salieron de las urnas el 23 de julio de 2023 concluye como máximo el 23 de julio de 2027. El artículo 42 obliga al presidente del Gobierno a expedir el decreto de convocatoria 25 días antes de esa expiración, es decir, el 28 de junio de 2027. Publicado al día siguiente en el BOE, las elecciones deben celebrarse 54 días después. Resultado aritmético ineludible: 22 de agosto de 2027.
Celebrar unos comicios generales en pleno mes de agosto obligaría a desarrollar la precampaña y la campaña electoral en el corazón de las vacaciones estivales de los españoles. Millones de ciudadanos desplazados, colegios electorales en municipios semiabandonados, una participación previsiblemente baja y una logística absurda. Solo alguien con aviesas intenciones mantendría esa posibilidad sobre la mesa. Sánchez no puede atrasar esos comicios más allá de esa fecha tope: la ley no se lo permite. No debe ni siquiera contemplarlo, a pesar de informaciones que apuntan a que podría estar barajando alargar artificialmente los plazos.
Lo que sí puede, y debe, es adelantarlos. Aunque sea mínimamente, para que caigan fuera del periodo estival: en junio o, en el peor de los casos, a primeros de julio. Cualquier otra opción es un insulto al sentido común democrático.
El problema se agrava con el calendario ya fijado de las elecciones municipales y autonómicas. Por imperativo legal, el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, se celebrarán el 23 de mayo de 2027. Ese día votarán todos los municipios de España y diez comunidades autónomas (Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja), además de Ceuta y Melilla. Resulta ridículo obligar a los españoles a ir a las urnas dos veces en poco más de un mes —o en apenas unas semanas si las generales se convocaran en junio— cuando existe la posibilidad de concentrarlas en un único 'superdomingo' electoral.
Sánchez no quiere 'superdomingo'
Claro que hablamos de Pedro Sánchez. Cualquier cosa es posible. El presidente ha reiterado que no habrá coincidencia de comicios, que no quiere ese 'superdomingo'. Quizá tenga interés en desmovilizar al electorado, en que se dispare aún más el voto por correo —con todas las sombras que arrastra ese sistema— o, en definitiva, en distorsionar lo que debería ser un domingo electoral tranquilo y al uso, con las máximas facilidades para participar.
La legislatura está herida de muerte. Los Presupuestos, las tensiones con los socios, los escándalos judiciales y el desgaste acumulado convierten el agotamiento total del mandato en una quimera. Sánchez está abocado a adelantar las generales. La cuenta atrás que arranca este 22 de agosto de 2026 no es solo un recordatorio legal: es la evidencia de que mantener la fecha tope del 22 de agosto de 2027 sería un acto de irresponsabilidad política deliberada. El presidente tiene la potestad exclusiva de elegir el momento. Usarla para forzar a los españoles a votar en vacaciones o a repetir el ritual electoral en pocas semanas sería, sencillamente, inadmisible.