JUCIL destapa el limbo del teletrabajo en la Guardia Civil y reclama explicaciones a Interior

El teletrabajo se ha convertido en un nuevo frente para JUCIL en su defensa de los derechos de los guardias civiles. La asociación profesional ha presentado un escrito ante la Dirección General de la Guardia Civil en el que ha exigido que se regule de manera inmediata esta modalidad de prestación del servicio y que se reactiven los grupos de trabajo del Consejo de la Guardia Civil. El objetivo, ha explicado la organización, es terminar con un vacío normativo que está provocando diferencias de criterio entre comandancias y que puede dar pie a decisiones arbitrarias.

JUCIL ha denunciado que la situación resulta especialmente difícil de justificar porque existen proyectos y borradores sobre el teletrabajo desde 2023, pero todavía no se ha aprobado una disposición general que establezca unas reglas comunes para todos los efectivos. En la práctica, según ha advertido la asociación, esa ausencia de regulación mantiene a los agentes que trabajan a distancia en una situación de inseguridad jurídica y deja las autorizaciones sujetas a distintos criterios dependiendo del destino.

La organización ha decidido además reclamar explicaciones y transparencia al Ministerio del Interior. En concreto, ha solicitado que se le faciliten todos los borradores, protocolos, criterios y expedientes relacionados con el teletrabajo tramitados desde 2020. También quiere conocer cuántas solicitudes se han presentado durante estos seis años, cuántas han sido autorizadas y cuántas rechazadas. JUCIL ha pedido igualmente información sobre los partes de baja médica y los accidentes registrados que estén relacionados con el trabajo a distancia.

Para la asociación resulta difícilmente asumible que los guardias civiles continúen al margen de una modalidad que ya está reconocida para el conjunto de la Administración Pública a través del artículo 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, JUCIL ha defendido que el teletrabajo debe concebirse como una herramienta moderna y compatible con las funciones del Instituto Armado, siempre bajo unas condiciones claras y medibles. Entre ellas ha señalado la regulación de la jornada, el derecho a la desconexión digital, la provisión de los medios necesarios y la prevención de riesgos laborales.

Precisamente, uno de los aspectos que más preocupa a JUCIL es la protección de los guardias civiles ante posibles accidentes mientras trabajan desde su domicilio. La asociación ha reclamado que la normativa interna sobre incapacidad temporal contemple expresamente el teletrabajo como un ámbito en el que pueden producirse accidentes en acto de servicio. Para respaldar su posición ha aludido a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre episodios médicos graves ocurridos durante la jornada de trabajo remoto y a la aplicación del Real Decreto 67/2026.

JUCIL considera que la Administración debe ofrecer la máxima cobertura jurídica posible a los efectivos que desarrollan sus funciones a distancia y evitar que la modernización de la Guardia Civil termine generando una nueva diferencia respecto al resto de trabajadores públicos. La organización ha insistido así en que los avances en las condiciones laborales no pueden dejar nuevamente atrás a los miembros del Instituto Armado.

Con este escrito, la asociación abre una nueva batalla ante la Dirección General y pone el foco tanto en la ausencia de una regulación común como en la falta de información sobre cómo se ha venido gestionando el teletrabajo durante los últimos años. JUCIL ha dejado claro que mantendrá su presión ante las instituciones para eliminar cualquier discriminación respecto al resto del sector público y conseguir que la modernización llegue también a los guardias civiles sin menoscabar su protección, su bienestar ni sus condiciones laborales.