Golpe a Sánchez y su relato con Marruecos: la jueza señala la "influencia inequívoca" de los agentes de Mohamed VI
La jueza María Tardón aprecia una "clara e indudable gestión favorecedora" de sus fuerzas de seguridad (avalando los informes de la Policía) y considera que lo ocurrido atacó gravemente la integridad territorial de España. Además, la magistrada asume definitivamente la causa tras el respaldo de la Fiscalía.
El relato mantenido por el Gobierno desde que decenas de miles de inmigrantes cruzaron irregularmente la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio se encuentra ahora con un auto judicial (el primero de muchos) que pone directamente el foco sobre la actuación de Marruecos. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha destacado la "clara e indudable gestión favorecedora" que se produjo desde territorio marroquí y ha compartido la conclusión de que agentes del país vecino realizaron un "guiado activo" de las personas que se dirigían hacia España.
La conclusión de la magistrada resulta especialmente relevante porque va más allá de una mera pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. Según ha explicado Tardón en el auto por el que acuerda abrir una investigación penal, del "constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos" no solo se desprende "permisividad". La jueza ha advertido de que los propios policías uniformados daban indicaciones a quienes cruzaban ilegalmente la frontera para dirigirlos y ayudarles a "superar los obstáculos", llegando incluso a organizar el acceso a la zona que conduce a la playa de Fnideq.
Es una tesis que ya había aparecido en un informe de la Policía Nacional y que ahora recoge la magistrada encargada de investigar judicialmente lo ocurrido. El Gobierno, por el contrario, ha mantenido desde el inicio de la crisis que no existían pruebas para atribuir a Marruecos responsabilidad en la entrada masiva. Tardón no establece en este momento una responsabilidad penal definitiva, algo que deberá determinar precisamente la investigación, pero sí deja plasmado en su auto que la actuación observada sobre el terreno revela una gestión favorecedora desde el país vecino.
Tardón se queda el caso tras el apoyo de la Fiscalía
La decisión llega además acompañada de otro movimiento de especial importancia: Tardón ha decidido quedarse definitivamente con la causa después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haya pronunciado a favor de su competencia. La magistrada abrió diligencias previas a raíz de una denuncia presentada por Iustitia Europa y había solicitado al Ministerio Fiscal que se pronunciara sobre si correspondía a la Audiencia Nacional investigar los hechos.
La Fiscalía ha respaldado esa competencia al considerar que "los efectos más relevantes" de lo sucedido tuvieron lugar en territorio español y que la Audiencia Nacional dispone de capacidad para abordar "fenómenos criminales complejos y organizados". El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha señalado que el resultado principal investigado —la entrada masiva e irregular de personas— se produjo en Ceuta y, por tanto, dentro del territorio nacional.
El Ministerio Fiscal también ha apuntado a la dimensión marroquí de lo sucedido. Según los indicios existentes hasta ahora, "una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en territorio marroquí". La ejecución material, el resultado perseguido y sus principales consecuencias, en cambio, se produjeron en España.
Tardón va todavía más allá al definir la dimensión de los hechos que investiga. La jueza ha señalado que se encuentra ante "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integralidad territorial de España", protegida por el artículo 2 de la Constitución. Para ello, ha explicado, se habría utilizado "la entrada masiva" en España, a la que se sumaron flujos migratorios irregulares que afectaron gravemente "a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".
En este punto existe una coincidencia parcial con la posición que ha defendido el Ejecutivo: el Gobierno sí ha reconocido que la crisis afectó a la integridad territorial española. La diferencia está en el foco sobre Marruecos. Mientras el Ejecutivo ha rechazado desde el primer momento responsabilizar al país vecino, la Policía ya había recogido en sus informes la actuación de sus agentes y ahora la propia jueza habla expresamente de una "clara e indudable gestión favorecedora" y de policías marroquíes indicando a los inmigrantes cómo avanzar.
La causa parte, por ahora, de una fase inicial. La Fiscalía considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, con una posible agravación si se confirma que fueron cometidos en el seno de una organización o poniendo en peligro la vida o integridad física de las personas afectadas. También apunta a un posible concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, además de una supuesta organización o grupo criminal.