Marlaska contra las cuerdas por las 'listas ideológicas' de periodistas de Interior: ACIJUR exige responsabilidades

La polémica por la clasificación de periodistas elaborada en el entorno del Ministerio del Interior sube de nivel y coloca a Fernando Grande-Marlaska bajo una presión creciente. La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos ha exigido este miércoles que se depuren responsabilidades por la elaboración de un documento que, según denuncia, ordena a profesionales de la información en función de su ideología y de su supuesto grado de cercanía o enfrentamiento con el Gobierno.

La organización no se limita a cuestionar el contenido de esa clasificación. Reclama conocer quién impulsó su elaboración, qué responsables participaron en ella, desde cuándo se venía confeccionando y para qué se pretendía utilizar , según indice Confilegal.

ACIJUR considera que una actuación de estas características no puede encajarse dentro de la gestión ordinaria de la comunicación institucional. En su comunicado habla de un «ejercicio de control ideológico absolutamente inaceptable en una democracia» y sostiene que resulta «radicalmente incompatible con la libertad de prensa».

La asociación pone además el acento en una cuestión especialmente delicada: si la existencia de esa clasificación pudo influir en el trato dispensado a determinados medios o periodistas por parte del departamento de comunicación de Interior.

Según la información conocida, el documento no ha sido difundido íntegramente, pero incluiría perfiles de profesionales con funciones muy distintas dentro de los medios, desde responsables directivos hasta redactores y periodistas de opinión.

Para la organización, el hecho de separar o catalogar a informadores en función de sus posiciones ideológicas abre una brecha difícil de justificar desde una Administración pública. ACIJUR recuerda que la pluralidad editorial forma parte de la esencia de una prensa libre y rechaza que cualquier organismo público pueda someter a periodistas a una especie de clasificación política.

La asociación utiliza además una de sus expresiones más duras al advertir de que ese tipo de prácticas son propias de «regímenes que fiscalizan a la prensa».

El comunicado también apunta directamente a la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, donde ACIJUR reclama que se determinen responsabilidades y que se aclare el recorrido que tuvo el documento una vez elaborado.

La exigencia no termina ahí. La asociación pide «transparencia total» y garantías de que este tipo de clasificaciones no siguen utilizándose ni volverán a ponerse en marcha.

«Exigimos conocer, sin demora, cuándo, cómo y con qué finalidad se inició la elaboración de esta lista de profesionales de la información», señala la organización.

La controversia añade así un nuevo frente para Marlaska, obligado ahora a responder no sólo por la existencia de la supuesta clasificación, sino también por quién la encargó, qué uso tuvo y si pudo afectar a la relación institucional de Interior con determinados periodistas o medios.