JUCIL alerta del software de borrado irreversible de la Guardia Civil y exige blindar las pruebas de corrupción y Ceuta
La asociación reclama controles estrictos antes de implantar una herramienta capaz de eliminar definitivamente archivos y avisa del peligro para procedimientos judiciales e investigaciones en marcha.
Imagen de un agente de Guardia Civil.
JUCIL ha elevado una solicitud urgente a la Dirección General de la Guardia Civil para exigir explicaciones y garantías ante la futura implantación de un software de borrado seguro de archivos en los equipos informáticos del Instituto Armado.
La asociación profesional muestra su preocupación por el alcance de una herramienta que permitirá, según la información recogida en su escrito, eliminar de forma irreversible archivos, carpetas y espacio libre mediante sistemas de sobreescritura, dejando un certificado digital de cada operación.
El principal temor de JUCIL es que una utilización sin suficientes mecanismos de control pueda terminar afectando a documentación con valor judicial, probatorio o investigativo. Su secretario general, Ángel Ignacio Lezcano, advierte de que el carácter irreversible del sistema obliga a garantizar que ningún borrado alcance información cuya conservación sea obligatoria.
La asociación pone especialmente el foco en los procedimientos judiciales y penales que permanecen abiertos. Según recoge la petición remitida a la Dirección General, una pérdida irrecuperable de información digital podría comprometer investigaciones internas, requerimientos judiciales o actuaciones de la Fiscalía.
JUCIL cita expresamente como ejemplos las investigaciones relacionadas con tramas de corrupción que afectan a estamentos públicos y las diligencias actualmente abiertas en torno a la crisis migratoria de Ceuta.
JUCIL exige saber quién podrá borrar los archivos
Entre las reclamaciones planteadas figura conocer el alcance real del expediente, su presupuesto, duración y calendario de implantación. También exige aclarar qué protocolos impedirán que puedan eliminarse documentos ligados a causas judiciales, expedientes disciplinarios o informaciones reservadas.
La asociación quiere además que quede registrado quién puede ordenar y ejecutar cada borrado y plantea mecanismos de doble autorización y auditorías que permitan reconstruir posteriormente cada operación realizada.
JUCIL reclama que todo este sistema quede regulado antes de que el programa comience a utilizarse de manera generalizada. Su objetivo, sostiene, es impedir que una herramienta diseñada para garantizar la protección de datos termine poniendo en riesgo la cadena de custodia o información relevante para investigaciones de la propia Guardia Civil.
La organización concluye que la protección de datos no puede convertirse en un argumento para reducir la transparencia ni comprometer pruebas necesarias para causas judiciales.