La Guardia Civil pidió a Sánchez cambiar la ley 22 días antes de la invasión de Ceuta
El Mando de Fronteras advirtió el 8 de julio de un posible "efecto llamada" y reclamó más efectivos, mejores sistemas de detección y una reforma de Extranjería que no llegó antes de la avalancha
Dos inmigrantes llegando por mar a Ceuta durante la invasión
La primera advertencia estaba escrita 22 días antes. El 8 de julio, cuando todavía faltaban más de tres semanas para la invasión de Ceuta, el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil puso por escrito que la nueva situación jurídica podía incrementar la presión migratoria y provocar un "efecto llamada" hacia las entradas a nado. Y no se limitó a describir el problema: propuso cuatro medidas.
El documento, incluido ahora entre los informes desclasificados por el Gobierno, analizaba las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía aplicar el rechazo en frontera a quienes fueran interceptados intentando alcanzar Ceuta o Melilla por mar. La Benemérita advertía de las "relevantes consecuencias operativas" de la resolución y pronosticaba un incremento de la presión sobre ambas ciudades autónomas.
La Guardia Civil pedía reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta mediante comisiones de servicio, hacer lo mismo con los especialistas del GEAS en Melilla y potenciar los sistemas tecnológicos de "detección temprana y vigilancia costera". Tres medidas destinadas a aumentar la capacidad para descubrir y contener nuevas entradas antes de que los inmigrantes alcanzaran territorio español.
La cuarta iba bastante más lejos. El Mando de Fronteras reclamaba modificar la Ley de Extranjería para extender el rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla fuera de los pasos habilitados, independientemente de que se produjera por tierra, por mar o por cualquier otro medio, manteniendo las garantías establecidas por la normativa internacional.
Interior tiene excusa... pero menos
Interior tiene respuesta para una parte del informe. Marlaska aseguró posteriormente en el Congreso que el Gobierno comenzó a trabajar inmediatamente después de conocer la sentencia y reforzó la vigilancia ante un "hipotético incremento" de las llegadas. Según sus cifras, desde primeros de julio se incorporaron 70 guardias civiles al vallado y al control marítimo y, desde el día 8, siete embarcaciones con otros 30 agentes vigilaban las aguas.
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Pero la reforma legal solicitada por la Guardia Civil no estaba aprobada cuando llegó el 30 de julio. Y, entretanto, lo que el día 8 era una previsión fue convirtiéndose en realidad. El 22, otro informe ya constataba un incremento de las entradas a nado y de las interceptaciones realizadas por Marruecos. Una semana después llegarían las alertas sobre convocatorias concretas para acceder a Ceuta aprovechando la Fiesta del Trono.
La publicación de los documentos permite a Moncloa insistir en que nadie anticipó una avalancha de 70.000 personas. Pero también deja una cronología difícil de borrar: el riesgo fue advertido el día 8, la presión aumentó después y las convocatorias concretas aparecieron al final del mes. El 30 de julio llegó la invasión.