La Fiscalía lo tiene claro y mete en más problemas al delegado del Gobierno en Ceuta con su última decisión

El foco judicial sobre lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio apuntan directamente al delegado del Gobierno en Ceuta. O más bien a los días antes y esa pregunta que sobrevuela sobre lo ocurrido: ¿qué información tenía el Ejecutivo para poder haber evitado el asalto? Una pregunta que puede responder en gran parte, Miguel Ángel Pérez Triano.

Es por ello que la Fiscalía quiere que la investigación alcance también a la respuesta de las autoridades españolas y, específicamente, a su actuación. El Ministerio Público considera necesario esclarecer si, antes y durante la entrada masiva, pudieron producirse actuaciones u omisiones "penalmente relevantes".

Así consta en un escrito de la fiscal de Ceuta Silvia Rojas, fechado el pasado 8 de septiembre, en el que ha respaldado que sea la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón quien investigue conjuntamente lo sucedido. La magistrada ya ha asumido las diligencias que permanecían abiertas en Ceuta sobre la actuación del delegado y tendrá ahora que decidir los siguientes pasos, entre ellos si procede llamarle a declarar como investigado.

La posición de la Fiscalía supone un respaldo a la decisión de Tardón de incorporar la actuación de Pérez Triano a una investigación mucho más amplia sobre la entrada masiva. Y el planteamiento del Ministerio Público pone el acento precisamente en uno de los puntos que más interrogantes ha generado desde aquellos días: qué información tenían las autoridades españolas antes de que se produjera la entrada y qué hicieron con ella.

"La investigación de la conducta del delegado del Gobierno exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva", ha señalado la Fiscalía. Para hacerlo, considera necesario analizar la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas previamente, los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción y las órdenes impartidas por los responsables competentes.

Las posibles "omisiones relevantes"

Pero lo relativamente preocupante para la Delegación del Gobierno es que Fiscalía reclama esclarecer también "la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección", abriendo así la puerta a determinar judicialmente si la respuesta institucional fue suficiente a la vista de la información disponible y de la situación que terminó produciéndose.

La Fiscalía considera que no tiene sentido separar la investigación sobre el origen y desarrollo de la entrada masiva de la actuación de las autoridades que tenían responsabilidades sobre el terreno. "La actuación de unas personas pudo constituir el presupuesto material de la intervención de otras", ha explicado Rojas.

Del mismo modo, sostiene que "las decisiones u omisiones producidas en Ceuta pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos", así como en la exposición al riesgo de las personas que entraron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos.

De ahí que el Ministerio Público haya apoyado que la Audiencia Nacional incorpore a su procedimiento las denuncias relativas a la "conducta, intervención y eventual responsabilidad" del delegado del Gobierno. La investigación deberá abarcar las decisiones que adoptó, las instrucciones que se impartieron, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción y la gestión de la crisis.

La posición que Pérez Triano ha defendido públicamente es que antes de la entrada masiva se había advertido de una situación migratoria grave y compleja, pero no de una entrada de la magnitud que finalmente se produjo. El delegado ha sostenido además que desde la Delegación "no se falló" y que se actuó conforme a la información disponible. La Fiscalía entiende, precisamente, que esas circunstancias deben ser comprobadas dentro del procedimiento judicial: qué se sabía, quién lo sabía, qué previsiones existían, qué órdenes se dieron y qué medidas se pusieron en marcha.

Ahora, la investigación incorpora también la actuación desarrollada en territorio español. El respaldo de la Fiscalía consolida así una segunda vertiente de la causa: junto a esclarecer qué ocurrió al otro lado de la frontera, la Audiencia Nacional deberá determinar cómo respondieron las autoridades españolas y si existieron omisiones con relevancia penal.

La última palabra sobre la situación procesal de Pérez Triano la tendrá Tardón. Pero la Fiscalía ya ha dejado por escrito que considera necesario investigar su "conducta, intervención y eventual responsabilidad" y reconstruir toda la cadena de información, decisiones y medidas adoptadas antes y durante una entrada masiva que terminó desbordando Ceuta.