El caso Zapatero salta a Bolivia: denuncian al expresidente y reclaman el informe de la UDEF

Los problemas judiciales de José Luis Rodríguez Zapatero ya han cruzado el Atlántico. La Fiscalía de Bolivia mantiene abiertas dos investigaciones preliminares relacionadas con sus gestiones en aquel país y ha activado mecanismos de cooperación internacional para obtener documentación en España. Según desvela este miércoles El Independiente, entre el material reclamado figura precisamente el informe de la UDEF que el expresidente intenta apartar de la causa española.

Una de las investigaciones parte de la denuncia presentada por el abogado boliviano Cristian Pablo Mina Aguilar por un supuesto delito de tráfico de influencias; la segunda fue abierta de oficio el pasado 30 de junio. La Fiscalía boliviana confirmó posteriormente que su Unidad de Asuntos Internacionales había activado solicitudes de cooperación judicial dirigidas a España y Perú.

El informe que Zapatero quiere fuera en España

Mientras Bolivia pretende incorporar documentación sobre las gestiones del expresidente, la defensa de Zapatero pelea precisamente para que el informe de la UDEF sobre sus actividades en aquel país salga de la causa española. Sus abogados recurrieron ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después de que el juez José Luis Calama rechazara apartarlo.

El documento policial sostiene que Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 mediante tres transferencias vinculadas a Focus Social Research SAC y relaciona esos pagos con gestiones realizadas ante autoridades bolivianas en beneficio de los intereses del Grupo Gloria. El entorno del expresidente rechaza esa interpretación y defiende que el dinero correspondía a trabajos legítimos de consultoría.

La denuncia boliviana pide ahora una copia certificada del informe de la UDEF y las conversaciones extraídas del teléfono de María Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero. También reclama información sobre los viajes y reuniones del expresidente en Bolivia, sus accesos a la sede del Gobierno y documentación del procedimiento judicial que enfrentaba a SOBOCE, perteneciente al Grupo Gloria, con FANCESA.

Una llamada y una resolución 24 días después

Buena parte de las sospechas que el denunciante pretende que se investiguen se concentran en mayo de 2025. Según los mensajes incorporados por la UDEF, Zapatero pidió el 4 de mayo intentar hablar con el entonces presidente Luis Arce. La conversación se produjo al día siguiente y posteriormente el entonces ministro de Justicia César Siles comunicó que se habían dado "las indicaciones oportunas" al procurador general sobre el recurso presentado por SOBOCE.

Veinticuatro días después, una sala constitucional de La Paz estimó el amparo de la compañía y dejó temporalmente en suspenso una resolución que obligaba a pagar 744,3 millones de bolivianos, unos 107 millones de dólares, a FANCESA. La proximidad temporal es uno de los extremos que la denuncia solicita investigar, pero por sí sola no demuestra que las gestiones de Zapatero provocaran aquella decisión judicial.

Luis Arce ha negado que abordara con Zapatero ningún litigio del Grupo Gloria y sostiene que su relación con el expresidente español fue institucional. También chocan las versiones sobre los 200.000 euros: la UDEF los vincula a las gestiones realizadas en Bolivia, mientras el entorno del exmandatario socialista mantiene que remuneraban trabajos de consultoría perfectamente legítimos.

El asunto ya había provocado movimientos políticos en Bolivia, cuyo Senado creó una comisión para investigar las "presuntas gestiones de influencia" del expresidente español. Ahora la derivada da un paso más: mientras Zapatero intenta sacar de la Audiencia Nacional el informe de la UDEF, Bolivia llama a la puerta de España para conseguir exactamente esa misma documentación.