El Gobierno culpa a Ayuso del desahucio de Maricarmen mientras su Policía ejecuta el lanzamiento
Isabel Rodríguez señala a la Comunidad, Francisco Martín califica el lanzamiento de "inaceptable" y la Delegación de Gobierno se desmarca del dispositivo policial alegando que los agentes actúan por mandato del juez
Maricarmen, preparada para el cuarto intento de desahucio
Todos están con Maricarmen y, al parecer, nadie tiene demasiado que ver con su desahucio. El dramático lanzamiento de la mujer de 87 años de su vivienda de Sainz de Baranda ha terminado convertido este miércoles en un peculiar partido de tenis político: el Gobierno lanza la pelota a Ayuso mientras, a pie de calle, la Policía Nacional garantiza la ejecución de la resolución judicial.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido de las primeras en señalar hacia la Puerta del Sol. Ha acusado al Ejecutivo madrileño de poner "alfombra roja" a los fondos de inversión y ha defendido las actuaciones realizadas por el Gobierno para intentar evitar el lanzamiento. La culpa, en su relato, tiene bastante más domicilio autonómico que estatal.
Martín también protesta
El delegado del Gobierno en Madrid tampoco parece precisamente entusiasmado con lo que estaba ocurriendo bajo su jurisdicción. Francisco Martín ha calificado el desahucio de "profundamente injusto e inaceptable" en un Estado que, ha recordado, debe ser "tan Social como de Derecho". También ha defendido como "incuestionable" la legitimidad de las protestas pacíficas.
La escena, sin embargo, tenía su retranca. Mientras el representante del Gobierno condenaba públicamente el lanzamiento, la Policía Nacional participaba en el dispositivo desplegado para permitir que la comisión judicial pudiera ejecutar el cuarto intento de desahucio. Numerosos agentes y vehículos policiales se encontraban desde primera hora frente al número 46 de Sainz de Baranda ante la concentración para impedirlo.
Más Madrid decidió entonces acudir precisamente a Martín. Manuela Bergerot llamó al delegado para exigirle que frenara el lanzamiento y ordenara detener lo que calificó de "violencia policial". La Delegación respondió que el dispositivo "no depende" de ella y recordó que los agentes estaban actuando para cumplir un mandato judicial.
Una cosa es protestar y otra poder pararlo
Conviene colocar aquí el cinturón jurídico antes de que alguien se haga trampas al solitario. Martín no puede levantar el teléfono y ordenar que se incumpla una resolución judicial. La Policía Nacional presta auxilio para que el juzgado pueda ejecutar el lanzamiento y las decisiones operativas concretas corresponden a sus mandos. El delegado, por tanto, no tiene capacidad para borrar la orden de un juez.
Otra cosa es que resulte llamativa la fotografía política. Porque el delegado del Gobierno tampoco es un comentarista que pasaba casualmente por Sainz de Baranda: ostenta en Madrid la jefatura territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de seguridad ciudadana, aunque éstas dependan funcionalmente del Ministerio del Interior.
Isabel Rodríguez señala a Ayuso
Mientras Martín trataba de marcar distancias con el dispositivo, Isabel Rodríguez cargaba contra la Comunidad de Madrid. La ministra sostiene que el Ejecutivo central ha hecho "mucho" para evitar el desalojo, acusa a la propiedad de "cachondearse" porque cuenta con el respaldo autonómico y aprovecha el caso para reclamar a PP y Junts apoyo a una nueva moratoria estatal para personas vulnerables.
Pero el procedimiento que ha llevado a Maricarmen hasta este miércoles tampoco nace de una ley de Ayuso. Su padre firmó en 1956 un contrato de renta antigua que posteriormente pasó a su madre y después a ella. Los tribunales terminaron considerando que esa segunda subrogación no permitía mantener indefinidamente el alquiler en aquellas condiciones y el Supremo acabó dando la razón a la propiedad. El Supremo, de momento, no depende de Ayuso.
Tampoco el Sindicato de Inquilinas parece dispuesto a aceptar el reparto sencillo entre buenos y malos. El colectivo ha responsabilizado de la falta de una solución a las tres administraciones: Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno central. Porque una cosa es encontrar culpable político y otra, bastante más complicada, encontrar una casa y una salida definitiva para Maricarmen.
Así transcurre un desahucio en la España de las competencias compartidas y las responsabilidades huidizas. Vivienda apunta a Ayuso, el delegado del Gobierno protesta contra un lanzamiento "inaceptable", su Delegación explica que el dispositivo policial no depende de ella y la Policía Nacional cumple el mandato del juzgado. Todos están con Maricarmen. La responsabilidad, en cambio, siempre parece vivir en el edificio de enfrente.