Un informe pone en cuestión la ejecución del Plan de Recuperación: 53.593 millones reconocidos siguen sin pagarse
El Instituto para la Economía Eficiente advierte de que casi nueve de cada diez euros recibidos por los cien mayores perceptores del Plan están en manos públicas y que, además, el 80,5% del crédito se concentra en departamentos que no llegan siquiera al 25% de ejecución.
Imagen ilustrativa sobre la ejecución y el destino de los fondos europeos del Plan de Recuperación.
La ejecución del Plan de Recuperación presenta una diferencia de 53.593 millones de euros entre las obligaciones reconocidas por la Administración General del Estado y los pagos efectivamente realizados. Es uno de los principales datos del informe elaborado por el Instituto para la Economía Eficiente sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un documento que analiza cuánto dinero ha recibido España de Bruselas, cuánto se ha reconocido presupuestariamente, cuánto se ha pagado realmente y quiénes concentran los fondos.
El estudio parte de una distinción esencial. El Mecanismo europeo no reembolsa al Estado las facturas que va abonando, sino que la Comisión Europea realiza sus desembolsos cuando considera cumplidos determinados hitos y objetivos. Por eso, el dinero recibido de Bruselas, la ejecución presupuestaria y los pagos finales a los beneficiarios son magnitudes diferentes.
A 30 de junio de 2026, la Administración General del Estado había reconocido 103.236 millones de euros en obligaciones con cargo al Mecanismo, pero únicamente había pagado 49.643 millones. Quedaban así 53.593 millones pendientes de pago, el 51,9% de las obligaciones reconocidas.
El informe precisa que esa cantidad no equivale a fondos europeos desaparecidos ni a dinero necesariamente retenido por el Gobierno. Se trata de obligaciones ya reconocidas contablemente pero todavía no abonadas. El Instituto considera, sin embargo, que esa diferencia permite medir mejor hasta qué punto la ejecución presupuestaria se ha transformado realmente en dinero recibido por sus destinatarios.
La evolución anual también muestra una pérdida de ritmo. La ejecución fue del 82,8% en 2021, descendió al 69% en 2022 y al 57,3% en 2023. En 2024 alcanzó el 63,2%, mientras que en 2025 volvió a caer hasta el 52,6%. El 13% registrado a 30 de junio de 2026 corresponde únicamente al primer semestre y el propio estudio advierte de que no debe compararse directamente con ejercicios completos.
El mayor atasco está dentro del propio sector público estatal
Una de las principales advertencias del documento afecta al sector público empresarial y fundacional del Estado. Allí se habían reconocido 33.444 millones de euros en obligaciones, pero solo se habían abonado 5.958 millones. Permanecían pendientes 27.486 millones, con un grado de pago de apenas el 17,8%.
La situación contrasta con las comunidades autónomas, que habían cobrado el 93,6% de las obligaciones reconocidas a su favor, y con las entidades locales, que alcanzaban el 91,4%. Según el análisis, el principal cuello de botella se sitúa por tanto en empresas, fundaciones y entidades integradas en el propio sector público estatal.
El informe detecta además una fuerte concentración del crédito en los departamentos con menor ejecución. En 2026, el 80,5% del crédito del Mecanismo estaba situado en secciones que no alcanzaban el 25% de ejecución, mientras que las que superaban el 50% apenas concentraban unos 703 millones, alrededor del 3,5% del total.
El caso más destacado es el del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Disponía a mitad de año de 15.044,2 millones de euros de crédito ajustado, pero había reconocido obligaciones por 692,2 millones y pagado 150,2 millones. Su grado de ejecución se situaba en el 4,6%. Política Territorial y Memoria Democrática aparecía con un 8%; Vivienda y Agenda Urbana, con un 12,5%; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con un 17%.
Otro de los datos relevantes aparece al analizar quién está recibiendo los fondos. Los cien mayores perceptores concentran 28.359 millones de euros, de los cuales el 89,4% corresponde a administraciones y entidades públicas y solo el 10,6% a empresas privadas. Además, 88 de los cien mayores perceptores pertenecen al sector público.
En términos absolutos, unos 25.351 millones corresponden al sector público frente a alrededor de 3.008 millones atribuidos a empresas privadas. Adif encabeza la clasificación con 2.926,4 millones, seguida de Adif-Alta Velocidad, con 2.898,6 millones, y de Tragsa, con 1.448,4 millones.
El informe recuerda también que España redujo significativamente la dimensión de su Plan tras renunciar a 60.200 millones de euros en préstamos europeos. El volumen pasó así de alrededor de 163.000 millones a unos 102.000 millones.
Hasta agosto, el Instituto contabiliza 77.601 millones de euros recibidos de la Unión Europea, el 76,1% de la dotación utilizada en sus cálculos. El Gobierno elevó posteriormente la cifra a unos 78.000 millones, tras recibir 6.234 millones correspondientes al sexto desembolso, y sitúa el porcentaje en el 76,5% de los fondos asignados.
Todavía permanecen en juego 25.862 millones de euros, vinculados a la evaluación de 148 hitos y objetivos: 21.462 millones en transferencias y 4.400 millones en préstamos. El propio Gobierno confirma que esas cantidades forman parte de la séptima y última solicitud de pago.
El Instituto también analiza la posición de tesorería del Estado y cifra a cierre de junio un déficit de caja no financiero de 34.892 millones, una necesidad de endeudamiento de 49.571 millones y un aumento de los depósitos de 15.296 millones. A partir de estas magnitudes, el estudio sostiene que no existe una reserva separada de fondos europeos que permita identificar los 53.593 millones pendientes como una bolsa de dinero simplemente a la espera de ser pagada.