La "ley de nietos" mete al Supremo de lleno en la batalla electoral del 29N
El adelanto de los comicios de Sánchez obliga al Alto Tribunal a resolver contrarreloj sobre las inscripciones electorales de miles de nacionalizados mientras las partes tienen hasta las 15:00 de este jueves para presentar alegaciones
Varias personas durante el recuento del voto CERA
La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha colocado al Tribunal Supremo ante una decisión que hasta hace unos días no tenía fecha electoral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe resolver qué ocurre con los efectos electorales de miles de inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), con el censo del 29N ya cerrado y las urnas esperando.
El último movimiento del tribunal concede a las partes un plazo improrrogable de 48 horas que termina este jueves a las 15:00. Abogacía del Estado, Fiscalía, Junta Electoral Central, Vox e Iustitia Europa están llamadas a pronunciarse antes de que el Supremo decida sus siguientes pasos. Esta última ya ha pedido mantener las medidas cautelares y rechazar el recurso presentado por la Abogacía.
El conflicto nació antes de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones. En septiembre, el Supremo acordó suspender cautelarmente determinados efectos electorales en el CERA derivados de la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y de la Instrucción de 2022 que desarrolló la conocida como "ley de nietos", salvo los supuestos de exilio acreditados en los términos establecidos por el tribunal.
La Sala justificó su intervención por la necesidad de preservar la "transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados" y llegó a apreciar un "peligro fundado, real y serio". La convocatoria anticipada del 29N ha convertido ahora aquella discusión jurídica en un problema con calendario electoral.
Casi 420.000 electores más en el exterior desde el 2023
Las cifras explican la controversia. En las generales de julio de 2023 tenían derecho a votar desde el extranjero 2.328.261 personas. El CERA cerrado el pasado 1 de agosto y aplicable al 29N cuenta con 2.747.688: 419.427 electores más.
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Iustitia Europa lleva al Supremo el agujero del CERA: el Estado admite que debe revisar 168.896 expedientes
Patricia Rodríguez Corchado
Dentro de esa cifra, Abogacía del Estado sitúa 168.896 casos acogidos a la presunción de exilio para quienes abandonaron España entre julio de 1936 y diciembre de 1955.
Hay un límite decisivo para medir el impacto sobre el 29N. El censo aplicable a estas generales es el cerrado el 1 de agosto, por lo que las incorporaciones posteriores quedan fuera de estas elecciones. El debate judicial afecta, por tanto, a quienes ya figuraban en el censo correspondiente y cuyas inscripciones puedan quedar alcanzadas por las cautelares.
El adelanto comprime los plazos
La Abogacía del Estado recurrió las medidas y alegó que revisar individualmente alrededor de 170.000 expedientes era "materialmente imposible" antes del 1 de enero de 2027. Sánchez ha colocado ahora unas elecciones generales el 29 de noviembre.
El Supremo tiene además que resolver cómo garantiza la audiencia de los nacionalizados afectados, que no están personados individualmente en el procedimiento. Por eso ha pedido a las partes que se pronuncien también sobre su posible emplazamiento antes de adoptar una decisión.
A las 15:00 termina el plazo. Después serán los magistrados quienes tengan que encajar las cautelares, los recursos pendientes, los derechos de los afectados y unas elecciones ya convocadas. La "ley de nietos" nació como una disposición de la Ley de Memoria Democrática. Cuatro años después, el fuerte crecimiento del censo exterior y el adelanto electoral han terminado colocando al Supremo ante una decisión con consecuencias directas sobre el 29N.