Las cárceles españolas, al límite: más del 30% de los presos tiene problemas de salud mental y faltan médicos

Las prisiones españolas afrontan una grave crisis sanitaria que afecta tanto a las personas privadas de libertad como a los trabajadores penitenciarios. Más del 30% de la población reclusa padece algún tipo de enfermedad mental o recibe tratamiento psicofarmacológico, una realidad que choca con la falta de recursos médicos y especializados en los centros penitenciarios.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de octubre, ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario, ha puesto el foco en las consecuencias de una situación que considera uno de los problemas estructurales más graves y desatendidos de las cárceles españolas.

Según los datos del portal de transparencia correspondientes a octubre de 2026, el déficit de personal médico supera el 77% de las plazas. La falta de facultativos alcanza niveles especialmente preocupantes en prisiones como Alicante II, Burgos, Cáceres, El Dueso, Jaén, Valdemoro y Zuera, donde no hay ningún médico en plantilla.

Para el sindicato, esta carencia compromete la detección temprana de los trastornos mentales, dificulta el seguimiento de los tratamientos y deja sin una atención adecuada a internos que necesitan asistencia psiquiátrica.

Enfermedades mentales sin detectar hasta que se produce una crisis

El ingreso en prisión supone un cambio radical en las condiciones de vida de una persona. La privación de libertad, la separación del entorno familiar, la ruptura de los vínculos sociales y la incertidumbre pueden agravar problemas psicológicos previos o favorecer la aparición de nuevos trastornos.

En este contexto, la ausencia de personal sanitario dificulta identificar a tiempo las patologías y actuar antes de que se produzca una situación de riesgo.

Desde ACAIP advierten de que «la ausencia casi total de facultativos hace inviable realizar una detección precoz en el momento del ingreso. En muchos casos, la enfermedad mental de un interno no se identifica a través de una evaluación médica preventiva, sino de forma reactiva, una vez que ya ha protagonizado un altercado grave, un intento autolesivo o una agresión. A esto se suma la imposibilidad de llevar un seguimiento continuado de los tratamientos prescritos, lo que provoca descompensaciones psiquiátricas en el interior de los módulos ordinarios».

La organización alerta así de un modelo asistencial que, ante la falta de medios, corre el riesgo de actuar cuando el problema ya se ha agravado, en lugar de prevenir las crisis y garantizar una atención continuada.

Los funcionarios, en primera línea ante las crisis psiquiátricas

La falta de asistencia sanitaria también tiene consecuencias sobre la seguridad dentro de las prisiones. Los episodios de violencia, las agresiones y los incidentes regimentales pueden verse agravados cuando intervienen personas con trastornos mentales que no han recibido tratamiento o cuya enfermedad se encuentra descompensada.

Los funcionarios penitenciarios deben hacer frente a brotes psicóticos, episodios de agresividad y conductas autolesivas sin disponer necesariamente de formación clínica especializada ni de los recursos apropiados para abordar este tipo de situaciones.

Esta exposición cotidiana incrementa los riesgos para los trabajadores, que se ven obligados a intervenir en escenarios complejos mientras intentan garantizar la seguridad del resto de internos y del personal del centro.

ACAIP-UGT sostiene que la plantilla penitenciaria no puede asumir las carencias de un sistema sanitario insuficientemente dotado y reclama herramientas, protocolos de actuación y formación específica para responder ante las crisis de salud mental.

Dos hospitales psiquiátricos penitenciarios para todo el sistema

Otro de los problemas señalados por el sindicato es la limitada capacidad del sistema para atender a los internos que requieren asistencia psiquiátrica especializada.

Aunque existen programas como el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental (PAIEM), ACAIP-UGT considera que los centros penitenciarios ordinarios no disponen de las condiciones asistenciales necesarias para funcionar como centros psiquiátricos.

La organización recuerda que España cuenta con dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, ubicados en Sevilla y Alicante-Fontcalent, destinados a atender a personas sometidas a medidas judiciales de seguridad. Mientras tanto, buena parte de los internos con patologías psiquiátricas crónicas permanece en módulos ordinarios o enfermerías que, según denuncia el sindicato, carecen de suficientes profesionales y medios especializados.

La consecuencia es una presión añadida sobre unos centros que deben atender necesidades sanitarias complejas sin contar siempre con la estructura clínica necesaria.

La transferencia de la sanidad penitenciaria, una asignatura pendiente

Entre las principales reivindicaciones de ACAIP-UGT figura el cumplimiento de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que contempla la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas.

El sindicato denuncia que este compromiso legal continúa pendiente más de dos décadas después y reclama una solución que permita reforzar la asistencia médica y garantizar una atención adecuada a las personas privadas de libertad.

La organización considera que la falta de avances en esta materia contribuye a perpetuar las deficiencias de un servicio sanitario que necesita más profesionales, mayor capacidad de atención especializada y una mejor coordinación con el sistema público de salud.

ACAIP-UGT exige medidas urgentes ante la crisis sanitaria

Ante este escenario, el sindicato reclama a las administraciones competentes que adopten medidas inmediatas para cubrir las vacantes médicas, reforzar los recursos de salud mental y dotar a los trabajadores penitenciarios de los medios necesarios para desarrollar su labor con garantías.

La organización aprovecha la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental para reclamar compromisos concretos que permitan frenar el deterioro de la asistencia sanitaria en las prisiones españolas.

El objetivo, subraya, es evitar que la falta de médicos siga dificultando la atención de las personas internas y exponiendo a los empleados públicos a situaciones de riesgo que podrían prevenirse con más recursos, protocolos adecuados y profesionales especializados.

La advertencia de ACAIP-UGT vuelve a situar en el centro del debate la atención a la salud mental en las cárceles: un desafío sanitario y de seguridad que, según el sindicato, exige respuestas urgentes por parte de las administraciones.