Sale a la luz el vínculo oculto entre los presuntos espías de la jueza Biedma y el exjuez investigado por hostigarla

La investigación sobre las presuntas maniobras de hostigamiento contra Beatriz Biedma, la jueza que instruyó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, incorpora nuevos elementos sobre las conexiones entre quienes supuestamente participaron en los seguimientos a la magistrada y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Varios de los implicados en estas actuaciones habrían recibido asistencia jurídica gratuita del antiguo magistrado, ahora investigado por la Audiencia Nacional por su presunta participación en la campaña de presión contra Biedma.

Según ha publicado El Periódico Extremadura, el juez Santiago Pedraz tiene sobre su mesa las declaraciones prestadas a principios de octubre ante la Guardia Civil por distintas personas relacionadas con las presiones y vigilancias sufridas por la magistrada. Los testimonios incorporan un elemento relevante: la relación previa entre el exjuez y personas vinculadas a los presuntos seguimientos, a las que habría prestado servicios jurídicos sin cobrar honorarios.

Las nuevas revelaciones se producen mientras la Audiencia Nacional trata de determinar hasta dónde llegaron las actuaciones desplegadas contra Biedma y si existió una coordinación entre quienes buscaban información sobre su vida privada y los integrantes de la presunta trama relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez.

Uno de los nombres que aparece en esta investigación es el del empresario sevillano Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz y excandidato a la alcaldía de la capital pacense. Parra mantenía contactos con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el propio Sáenz de Tejada, con quienes compartía un grupo de WhatsApp denominado "Vacaciones y viajes".

Esta conexión sitúa bajo la atención de los investigadores las relaciones personales y profesionales de quienes aparecen vinculados a las actuaciones contra la magistrada. Parra ha declarado sobre los contactos mantenidos con este entorno y sobre la información que recibió acerca de los supuestos seguimientos.

De acuerdo con las informaciones conocidas sobre su testimonio, el empresario explicó que había tenido conocimiento, a través de terceras personas, de que individuos próximos a Sáenz de Tejada habrían seguido a Biedma. Su declaración forma parte del material examinado para esclarecer las posibles conexiones entre las vigilancias y las maniobras investigadas en la Audiencia Nacional.

El nombre de Parra también aparece relacionado con reuniones celebradas en Madrid en las que participaron Leire Díez, Pérez Dolset y Sáenz de Tejada. Según su testimonio, en uno de esos encuentros se habló de la situación judicial de David Sánchez y de la posibilidad de que el exmagistrado asumiera su defensa para promover la recusación de Biedma.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha reconstruido parte de estas relaciones a través de declaraciones, dispositivos electrónicos y comunicaciones intervenidas. Entre los elementos analizados figuran anotaciones atribuidas a Pérez Dolset que hacían referencia expresa a la jueza de Badajoz y a la investigación contra el hermano del presidente del Gobierno.

La propia Biedma compareció el pasado 8 de octubre ante Santiago Pedraz y confirmó que había sufrido episodios que interpretó como seguimientos mientras investigaba a David Sánchez. La magistrada relató que personas desconocidas llegaron a preguntar por sus movimientos habituales, incluso en el colegio de sus hijas.

Durante su declaración reconoció que había sentido temor por su seguridad y, especialmente, por la de su familia. No obstante, explicó que desconocía quiénes habían realizado materialmente aquellas actuaciones y que no podía atribuirlas directamente a los investigados sin disponer de pruebas.

A estos episodios se suma una denuncia presentada ante la Policía Nacional después de que, según el relato de Biedma, Sáenz de Tejada se situara con su vehículo junto al coche en el que ella viajaba con sus hijas cuando regresaba a su domicilio desde el aeropuerto de Badajoz, tras haber declarado en la Audiencia Nacional.

La magistrada trasladó su preocupación por el incidente y manifestó sus sospechas de que pudiera existir algún sistema de localización instalado en su automóvil. Estas circunstancias se añaden a los vídeos publicados por Sáenz de Tejada en internet, en los que cuestionaba reiteradamente su actuación judicial.

La investigación también ha incorporado las manifestaciones de Cintia Rocho, vinculada a un conocido clan de Badajoz relacionado con el narcotráfico. La mujer aseguró ante la Guardia Civil que el exmagistrado se había referido a la posibilidad de "eliminar" a Biedma, unas palabras que interpretó como una amenaza de carácter físico.

Sáenz de Tejada ha negado esas acusaciones y cualquier participación en un plan para agredir a la magistrada. Por su parte, el Ministerio del Interior ha dispuesto protección policial para Biedma después de conocerse la gravedad de las amenazas denunciadas.

La situación judicial del antiguo magistrado se ha complicado después de que Pedraz acordara citarlo a declarar como investigado el próximo 28 de octubre, en unas diligencias relacionadas con presuntos delitos de organización criminal, coacciones, calumnias y contra la integridad moral.

El instructor pretende determinar si las actuaciones atribuidas a Sáenz de Tejada formaban parte de una estrategia coordinada con otras personas investigadas en el caso Leire Díez o si respondían a iniciativas independientes del exjuez.

La magistrada también ha solicitado nuevas diligencias para profundizar en los contactos y las actuaciones desplegadas contra ella. Sin embargo, Pedraz ha rechazado por el momento varias de las pruebas interesadas al considerar necesario acreditar su conexión directa con la organización investigada.

En paralelo, Foro Judicial Independiente, asociación profesional a la que pertenece Biedma, ha intentado intervenir en las actuaciones abiertas en la Audiencia Nacional para respaldar a la magistrada. El instructor rechazó inicialmente su personación como acusación popular, aunque reconoció a Biedma la condición de perjudicada por un posible delito de calumnias.