La pugna Supremo-Constitucional acaba a palos: "injerencia", "legítima defensa" y "desahogo"
La Sala Segunda acusa al tribunal de garantías de invadir sus competencias por la amnistía. Desde el Supremo hablan de "legítima defensa" y fuentes del TC reducen la respuesta a un "desahogo"
El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
La guerra entre el Tribunal Supremo y el Constitucional ya se libra sin sordina. "Injerencia", "razonamiento invasivo", "legítima defensa" y "desahogo" forman parte del vocabulario de un choque institucional que ha estallado con la amnistía, pero que arrastra demasiados capítulos anteriores como para considerarlo un calentón pasajero.
El último golpe lo ha dado la Sala Segunda. El Supremo aplicó la amnistía a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva después de que el Constitucional corrigiera su interpretación sobre la malversación. Pero lo ha hecho dejando por escrito su profundo desacuerdo.
El auto, con Manuel Marchena como ponente, habla de la "intensidad de la injerencia" del Constitucional, de un "razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" y de su "innecesaria grandilocuencia". También reprocha al tribunal de garantías una ruptura con su propia jurisprudencia histórica.
No es una conversación privada. Están escritas en una resolución de la Sala Segunda. Fuentes del Supremo fueron después todavía más gráficas al explicar a la Cadena SER que su respuesta debía entenderse como "legítima defensa". Desde el Constitucional, otras fuentes contestaron calificándola de "desahogo".
Un enfrentamiento que viene de largo
El enfrentamiento viene de atrás. En enero de 2024, el Constitucional corrigió en dos resoluciones distintas decisiones relacionadas con Alberto Rodríguez. Una anuló parcialmente la sentencia penal del Supremo en el extremo relativo a la pena de prisión y su accesoria; otra dejó sin efecto la decisión del Congreso que provocó la pérdida de su escaño.
Después llegaron los ERE. El Constitucional estimó parcialmente los recursos de amparo de varios condenados, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y obligó a revisar resoluciones. La Audiencia de Sevilla terminó planteando cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al albergar dudas sobre el alcance de aquella intervención.
La amnistía ha terminado por hacer saltar las costuras. La sentencia sobre Bassa salió adelante por siete votos frente a cinco y los magistrados discrepantes reprocharon a la mayoría asumir un "indebido rol de intérprete de la legalidad ordinaria". El Supremo utiliza ahora precisamente ese terreno fronterizo para responder.
La Sala Segunda incluso contabiliza a los discrepantes: sostiene que nueve magistrados del Supremo y cinco del Constitucional comparten la interpretación que acaba de ser corregida. Catorce frente a la mayoría que fijó la doctrina constitucional.
El 11 de octubre, Cándido Conde-Pumpido aseguraba que el Supremo había actuado "con toda corrección, de acuerdo con su criterio" y proclamaba su "absoluto respeto al Tribunal Supremo". Tras el último auto ha vuelto a reclamar "respeto" tanto a la jurisdicción constitucional como a la ordinaria.
El propio Constitucional acaba de demostrar con la Ley de Nietos que el enfrentamiento no permite simplificaciones: por diez votos a dos inadmitió el recurso del Defensor del Pueblo y evitó intervenir mientras sigue abierta la vía ante el Supremo. Pero ese episodio no enfría el choque de fondo.
Once días después de aquellas palabras de Conde-Pumpido, el respeto institucional se escribe con otro diccionario: "injerencia", "legítima defensa" y "desahogo". La pugna no necesita intérprete.