Iustitia Europa pide al Supremo frenar casi 190.000 inscripciones de la Ley de Nietos ante el 29N
La formación solicita medidas cautelarísimas para que los votos del Anexo III no entren en el escrutinio hasta que se compruebe la identidad de los electores y el origen de su nacionalidad española.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo
Iustitia Europa ha dado un nuevo paso judicial a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación que preside Luis María Pardo ha presentado este martes, 27 de octubre, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo una solicitud de medidas cautelarísimas para suspender temporalmente los efectos electorales de los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que hayan adquirido la nacionalidad española mediante el Anexo III de la conocida como Ley de Nietos.
La iniciativa afecta a un colectivo cuya dimensión ha quedado reflejada en los datos aportados por la propia Administración. Según la documentación incorporada al procedimiento judicial, a 31 de julio de 2026 existían 189.678 inscripciones correspondientes al Anexo III. Un mes después, el Gobierno contabilizaba 195.872 nacionalidades concedidas por esta vía y otras 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción.
La petición de Iustitia Europa no pretende impedir físicamente la emisión de esos votos, sino que solicita que puedan recibirse, permanezcan separados y bajo custodia y no se incorporen al escrutinio hasta completar las verificaciones pertinentes.
El objetivo es determinar qué ciudadanos figuran realmente en el censo electoral, quiénes son sus progenitores y mediante qué procedimiento adquirieron estos previamente la nacionalidad española.
La nueva solicitud amplía el frente judicial abierto anteriormente por la formación, que ya había conseguido medidas cautelares sobre otro colectivo de 163.020 electores vinculados al Anexo I. En este caso, Iustitia Europa pretende que el Supremo examine también la situación de los hijos mayores de edad que adquirieron la nacionalidad a partir de la obtenida previamente por sus padres.
El partido considera imprescindible verificar si alguno de esos progenitores está incluido entre los electores afectados por las resoluciones judiciales anteriores. Para ello, reclama que la Administración facilite una relación individualizada de los ciudadanos del Anexo III inscritos en el CERA y acredite el origen de cada expediente.
La controversia comenzó el pasado 28 de junio, cuando Iustitia Europa presentó una denuncia ante la Junta Electoral Central para exigir controles sobre las altas censales derivadas de la Ley 20/2022. Aquella iniciativa dio lugar al expediente 209/361 y al posterior recurso ante el Tribunal Supremo.
Desde entonces, la Sala Tercera ha dictado resoluciones los días 10 de septiembre, 12 de octubre y 23 de octubre relacionadas con las medidas cautelares sobre el Anexo I.
En su nuevo escrito, la formación advierte de que los plazos se están agotando. El envío inicial de documentación electoral al extranjero se desarrolla entre el 24 y el 30 de octubre, mientras que las siguientes operaciones comenzarán el 4 de noviembre.
Además, según los datos administrativos recogidos en el recurso, a 21 de octubre únicamente se habían examinado 31.390 expedientes del colectivo de 163.020 electores sometido a las cautelares anteriores.
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha cuestionado la situación censal a las puertas de las elecciones: "A menos de un mes de las elecciones, seguimos sin saber con certeza con qué censo vamos a votar. Es inadmisible y extremadamente grave".
La formación advierte de que la falta de identificación de los afectados podría generar controversias sobre el escrutinio y la legitimidad del resultado electoral.