El reparto de Perelló con cuatro mujeres en la Comisión Permanente del CGPJ provoca el rechazo de nueve vocales
La presidenta se alía con los diez vocales conservadores y uno designado por Sumar para renovar los órganos internos, mientras seis plazas del Alto Tribunal continúan sin cubrirse.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encontrado los votos necesarios para reorganizar sus órganos de gobierno, pero no para resolver las vacantes que arrastra el Tribunal Supremo. La presidenta de ambas instituciones, Isabel Perelló, ha participado este miércoles, 28 de octubre, en una votación que permite modificar la distribución de las comisiones del Consejo mientras permanecen pendientes seis nombramientos judiciales cuyos procedimientos de selección ya han terminado.
El acuerdo ha prosperado con 12 votos favorables y 9 contrarios, una mayoría que ha permitido superar las discrepancias que impidieron aprobar la renovación hace apenas dos semanas.
La operación ha dejado una combinación de apoyos poco habitual. Perelló, magistrada de trayectoria progresista y elegida para presidir el CGPJ en septiembre de 2024, ha respaldado la candidatura presentada por Carlos Hugo Preciado, vocal designado a propuesta de Sumar. A esa iniciativa se han sumado los diez integrantes del sector conservador, mientras que los otros nueve vocales progresistas han rechazado el resultado.
La decisión supone una nueva distribución de responsabilidades dentro del organismo encargado de gobernar a los jueces, aunque las diferencias entre sus integrantes siguen abiertas.
Uno de los principales cambios afecta a la Comisión Permanente, que concentra buena parte de las decisiones ordinarias del Consejo. Estará presidida por Perelló y contará con José Antonio Montero, José Carlos Orga, José María Páez, José Luis Costa, Argelia Queralt, Lucía Avilés e Inés Herreros.
La nueva composición permitirá que, por primera vez, cuatro mujeres ocupen la mitad de los ocho puestos de este órgano, contando a la propia presidenta. También habrá seis comisiones encabezadas por mujeres entre las diez que integran la nueva organización.
Sin embargo, el avance en representación femenina no ha evitado las críticas de los vocales que se han opuesto al acuerdo.
Los nueve miembros discrepantes consideran que la distribución rompe el equilibrio entre las distintas sensibilidades del Consejo. Según los datos difundidos por este grupo, los vocales conservadores concentrarán 71 de los 130 puestos asignados, frente a los 48 que corresponderán a los progresistas contrarios al pacto y los 11 de Carlos Hugo Preciado.
Los críticos también cuestionan que la presencia femenina pueda utilizarse como argumento para defender una distribución que consideran desequilibrada. Su rechazo evidencia que la reorganización interna ha salido adelante mediante una mayoría suficiente, pero sin el consenso que se había intentado alcanzar desde principios de octubre.
La nueva composición llega después de que el Pleno del día 14 tuviera que aplazar la decisión. En aquella ocasión, las negociaciones no permitieron reunir los apoyos necesarios y Perelló emplazó a los vocales a buscar una solución antes de la siguiente reunión.
Finalmente, la propuesta de Preciado consiguió imponerse después de que José Antonio Montero retirara su candidatura alternativa y la opción defendida por José María Fernández Seijo no obtuviera suficientes votos.
Pero mientras el Consejo ha conseguido organizar sus comisiones, el Tribunal Supremo continúa esperando que se resuelvan seis designaciones fundamentales para completar su estructura judicial.
Cuatro de ellas corresponden a la Sala de lo Penal y otras dos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Entre estas últimas se encuentra la presidencia de la Sala Tercera, una responsabilidad especialmente relevante dentro del Alto Tribunal.
La situación resulta especialmente significativa porque los seis procedimientos de selección ya están concluidos. Por tanto, no queda pendiente la evaluación de las candidaturas, sino conseguir que el Pleno adopte las correspondientes decisiones.
Perelló ha vuelto a reclamar un entendimiento entre los vocales y ha insistido en la necesidad de atender cuanto antes las necesidades de las salas afectadas. Ya había formulado esta petición en la reunión anterior, sin que desde entonces se haya alcanzado el acuerdo necesario.
El problema podría ampliarse si no avanzan las siguientes designaciones. El CGPJ tiene en marcha otros nueve procedimientos para cubrir plazas en distintas salas del Supremo: cuatro en la jurisdicción civil, una en la penal, otra en la contencioso-administrativa y tres en la social.
A ellos se suma la elección pendiente de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyo procedimiento también se encuentra abierto.