Dos años de la DANA: 233 muertos, una tragedia que arrasó Valencia y todavía sin todas las respuestas

El 29 de octubre de 2024 quedó marcado como una de las fechas más trágicas de la historia reciente de España. Una DANA de intensidad extraordinaria provocó inundaciones devastadoras en la Comunidad Valenciana, dejando 233 víctimas mortales, miles de damnificados y municipios enteros sepultados bajo el agua y el barro.

Este jueves se cumplen dos años de aquella catástrofe, mientras la investigación judicial sigue tratando de determinar qué ocurrió durante las horas decisivas y si una actuación diferente de los responsables de emergencias habría permitido reducir las consecuencias.

Paiporta, Catarroja, Picanya, Sedaví, Benetússer, Algemesí y Chiva fueron algunas de las localidades más castigadas. Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de barrancos y cauces, arrastraron cientos de vehículos, destruyeron viviendas y sorprendieron a numerosos ciudadanos cuando regresaban del trabajo o permanecían en sus domicilios.

Los registros meteorológicos reflejan la violencia del temporal. En Turís se superaron los 700 litros por metro cuadrado durante el episodio, mientras que el barranco del Poyo experimentó una crecida extraordinaria que acabó inundando diferentes poblaciones de l'Horta Sud.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la tardanza en activar el sistema de alertas a la población. La Agencia Estatal de Meteorología había establecido el aviso rojo durante la mañana, pero el mensaje masivo enviado a los teléfonos móviles mediante el sistema Es-Alert no llegó hasta las 20:11 horas.

Para entonces, numerosas calles estaban completamente inundadas y muchas personas habían quedado atrapadas en vehículos, garajes y viviendas. La secuencia de llamadas, los avisos recibidos y las decisiones tomadas durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) forman parte de las diligencias judiciales.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, responsable de la instrucción en Catarroja, mantiene investigados a la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia.

Las actuaciones también han abordado el papel del entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, cuya actividad y comunicaciones durante aquella jornada han suscitado numerosas controversias. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó investigarlo penalmente tras examinar la exposición remitida desde el juzgado instructor.

 El procedimiento reúne 71 tomos, 646 resoluciones, 449 piezas y 690 declaraciones. La instrucción ha sido prorrogada hasta abril de 2027, por lo que todavía no existe una resolución definitiva sobre las responsabilidades penales.

El balance de fallecidos también ha experimentado modificaciones. El pasado 28 de septiembre, la jueza reconoció una nueva víctima mortal vinculada a las inundaciones: una mujer que había sufrido una caída en su vivienda de Catarroja durante el temporal y falleció semanas después. Con su incorporación, la cifra ascendió a 233 personas.

La catástrofe desencadenó además una movilización ciudadana sin precedentes recientes. Miles de voluntarios llegaron desde distintos puntos de España para colaborar en la limpieza de calles, retirar escombros, repartir alimentos y asistir a las familias afectadas. La respuesta incluyó también la intervención de bomberos, policías, guardias civiles, militares y efectivos de emergencias.

En el terreno de la reconstrucción, las consecuencias siguen siendo visibles en diferentes municipios valencianos. Las actuaciones sobre infraestructuras, instalaciones públicas, viviendas y sistemas de protección frente a inundaciones continúan formando parte de los trabajos posteriores al desastre.

Las asociaciones de víctimas mantienen sus reclamaciones de esclarecimiento de los hechos, especialmente en lo relativo a las comunicaciones entre organismos, la transmisión de información sobre el riesgo de inundaciones y las decisiones que determinaron el momento en que se avisó a la población.