Mónica García concede una subvención directa de 300.000 euros a una asociación para potenciar "Quiero Abortar"

El Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha aprobado una subvención directa de 300.000 euros de dinero público destinada a la Associació pels Drets Sexuals i Reproductius, una entidad que gestiona el recurso digital "Quiero Abortar", dedicado a ofrecer información, orientación y acompañamiento a quienes desean interrumpir voluntariamente su embarazo.

La medida, impulsada por el departamento de García y aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 27 de octubre, contempla una aportación económica para ampliar los servicios de esta plataforma, reforzar su presencia en todo el territorio nacional y desarrollar nuevas herramientas dirigidas tanto a las usuarias como a los profesionales sanitarios.

La beneficiaria es una asociación con sede en Cataluña y una trayectoria de cerca de cuatro décadas en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. La financiación se articula mediante una concesión directa regulada por el Real Decreto 930/2026, de 28 de octubre, que identifica expresamente a la organización receptora de los fondos.

Entre las actuaciones previstas figura la actualización de la información disponible sobre los centros sanitarios donde se practican abortos, los procedimientos establecidos en las distintas comunidades autónomas y los requisitos administrativos y asistenciales necesarios para acceder a esta prestación.

Además, una parte de los recursos permitirá ampliar los servicios de consulta y acompañamiento por internet. El objetivo declarado por Sanidad es proporcionar asesoramiento individualizado durante las diferentes fases del proceso, tanto a mujeres embarazadas como a personas trans con capacidad de gestar.

La subvención también contempla la elaboración de materiales formativos y herramientas de apoyo técnico para profesionales sanitarios, así como actividades de coordinación e intercambio de experiencias relacionadas con la aplicación de la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo.

El departamento de Mónica García justifica esta financiación por las diferencias que existen entre comunidades autónomas en la organización de los servicios sanitarios, los mecanismos de derivación de pacientes y la disponibilidad de profesionales que realizan estas intervenciones.

Según los datos correspondientes a 2024 utilizados por el propio Ministerio, en España se practicaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo. De ellas, el 21,25 % tuvo lugar en centros públicos, mientras que el 78,75 % se realizó en establecimientos privados.

La nueva aportación económica se incorpora a las actuaciones que Sanidad viene desarrollando en materia de aborto. El pasado 28 de septiembre, Mónica García anunció su intención de impulsar cambios normativos para facilitar la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria.

Posteriormente, el 1 de octubre, su departamento abrió una consulta pública previa para modificar la normativa de autorización y acreditación de centros sanitarios, con el propósito de permitir que esta prestación pueda desarrollarse en centros de salud cuando se cumplan los requisitos correspondientes.