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En jaque la ley de amnistía: Feijóo plantea prohibir los indultos por corrupción y terrorismo

El programa del PP propone limitar las medidas de gracia y los aforamientos; algunas reformas afectarían a garantías constitucionales y exigirían apoyos superiores a una mayoría suficiente para gobernar España.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez FeijóoEuropa Press

Diego Gomes
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Alberto Núñez Feijóo llevará al programa del PP para el 29N la prohibición de indultar delitos de corrupción y terrorismo, junto con cambios en los aforamientos y los suplicatorios. El paquete busca impedir que las medidas de gracia sirvan para negociar apoyos parlamentarios, aunque su aplicación dependerá del alcance jurídico de cada reforma y de las mayorías que consiga reunir.

El avance incluye derogar la ley de amnistía y excluir también del indulto delitos contra la integridad territorial, el orden constitucional y delitos graves contra menores. Son compromisos electorales atribuidos al documento por ese periódico, pendientes de su desarrollo en propuestas legislativas que permitan conocer las excepciones y el alcance de cada medida.

La dirección política tiene antecedentes verificables. En las conclusiones de su Interparlamentaria del 10 y 11 de enero, publicadas en la web del partido, el PP ya anunció que reformaría las tres figuras para impedir que la actividad política se utilizase como fundamento de impunidad. La información de hoy añade concreción a una línea que los populares habían fijado meses antes.

En los indultos, el cambio sería relevante: el artículo primero de la ley de 1870 permite concederlos a condenados por cualquier clase de delito, dentro de sus condiciones. Introducir nuevas exclusiones reduciría ese margen, con una redacción que aún falta por conocer.

El terreno constitucional aparece al abordar las prerrogativas parlamentarias. El artículo 71 exige autorización de la Cámara para inculpar o procesar a diputados y senadores y atribuye sus causas penales al Tribunal Supremo. Suprimir esa autorización o ese fuero exigiría modificar la Constitución; reformar aspectos de su funcionamiento no equivale necesariamente a eliminarlos.

La vía ordinaria de reforma constitucional exige, como regla general, tres quintos de cada Cámara. Por tanto, una mayoría suficiente para investir a Feijóo no garantizaría por sí sola todos los cambios anunciados.

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