Sánchez borró del Código Penal el delito específico que castigaba a quienes coaccionasen para imponer una huelga

La huelga general del 11-N ha devuelto al debate una decisión adoptada durante el mandato de Pedro Sánchez: la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código Penal. Ese precepto castigaba específicamente a quienes, actuando en grupo o de acuerdo con otras personas, coaccionasen a trabajadores para iniciar o continuar una huelga.

La supresión se aprobó mediante la Ley Orgánica 5/2021, en vigor desde el 24 de abril de ese año. Tras la reforma penal de 2015, el apartado preveía para esas conductas penas de prisión de un año y nueve meses a tres años o una multa de 18 a 24 meses.

Una iniciativa del PSOE, aprobada por las Cortes

La iniciativa la registró el Grupo Parlamentario Socialista en septiembre de 2020 y las Cortes la tramitaron y aprobaron. Por eso, atribuir la decisión políticamente a Sánchez es pertinente: era el presidente del Gobierno y su partido promovió la derogación. Pero no fue una reforma aprobada por el Ejecutivo mediante decreto. 

El argumento del PSOE fue que el artículo podía utilizarse para disuadir a los ciudadanos de ejercer el derecho a la huelga. El preámbulo de la ley sostuvo que el delito general de coacciones ya protegía la libertad de quienes decidieran no secundar un paro. Esa figura penal sigue vigente: la reforma eliminó el tipo específico, pero no convirtió cualquier coacción en una conducta legal. 

El derecho a la huelga y el de no sumarse

Ahí está la controversia política que la reforma no zanjó. El derecho a la huelga merece protección, pero también la libertad del trabajador que quiere acudir a su puesto. Al borrar la referencia penal específica a quienes fueran coaccionados para iniciar o continuar un paro, el legislador dejó esa protección en manos del delito general de coacciones.

Sánchez puede defender que la reforma corrigió una aplicación que consideraba desproporcionada. Pero la decisión de su partido también retiró del Código Penal una respuesta expresa frente a las presiones coordinadas para forzar a otros a secundar una huelga. La crítica, por tanto, no es que desde 2021 toda coacción quedara impune; es que el PSOE de Sánchez suprimió el delito específico que contemplaba ese supuesto.