Sánchez copa el Estado y Feijóo plantea desmontar su red de nombramientos

El rograma de Reconstrucción Nacional del PP plantea una reforma profunda de la Administración y de los organismos, que deben actuar con independencia del Gobierno. Esta propuesta exige algo más que cambiar nombres: auditar los nombramientos, revisar la continuidad de los cargos de confianza, recuperar criterios profesionales en las instituciones y examinar las participaciones empresariales del Estado. A esto se suma un compromiso territorial de especial relevancia: la incorporación de Ceuta y Melilla al Comité Europeo de las Regiones, para que ambas ciudades tengan voz propia en Europa.

La despolitización del Estado se ha convertido en uno de los grandes compromisos del proyecto de reconstrucción nacional que Alberto Núñez Feijóo plantea para España. La cuestión de fondo es determinar si las instituciones están al servicio de los ciudadanos o si, por el contrario, han terminado demasiado vinculadas a los intereses del Gobierno que nombra a sus responsables.

Este debate no puede limitarse a sustituir a los responsables designados por el PSOE por otros elegidos por un hipotético Gobierno del PP. Si se trata de recuperar la independencia institucional, la reforma debe modificar las reglas para impedir que cualquier Gobierno pueda utilizar los organismos públicos como una prolongación de su poder político.

El programa del PP plantea una auditoría de la Administración en los primeros cien días, la revisión de organismos y empresas públicas, la reducción de estructuras innecesarias y el establecimiento de criterios de mérito, capacidad y profesionalidad. Pero, para hacerlo, es preciso abordar tres cuestiones fundamentales: qué hacer con los cargos de confianza cuya continuidad está comprometida por investigaciones judiciales, cómo recuperar la independencia de las instituciones y qué margen tiene un nuevo Gobierno para revisar las participaciones empresariales del Estado.

A estas tres líneas se añade una cuarta, de naturaleza territorial y europea, que merece un tratamiento propio: la representación de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, una reivindicación política que afecta a la presencia de ambas ciudades en las instituciones europeas.

En los primeros cien días, la primera medida debe ser una auditoría general de ministerios, organismos autónomos, agencias, empresas públicas y entidades dependientes de la Administración General del Estado. El objetivo fundamental sería conocer quién ocupa cada responsabilidad, mediante qué procedimiento fue nombrado, cuáles son sus funciones, qué resultados ha obtenido y qué relación mantiene el puesto con la estructura política del Gobierno. Esta revisión adquiere importancia en departamentos como Transportes y en organismos y empresas dependientes de él, entre ellos Adif y otras entidades públicas que han aparecido en investigaciones judiciales relacionadas con la contratación y la gestión administrativa.

Un Ejecutivo puede sustituir a los cargos de confianza dentro de los procedimientos legales, sin esperar a una sentencia condenatoria, siempre que se respeten las garantías y motivaciones exigibles. Otra cosa son los funcionarios de carrera, que cuentan con garantías específicas y no pueden ser apartados arbitrariamente.

Esta auditoría de los cien días debe incluir los contratos, las subvenciones, las adjudicaciones y las participaciones empresariales, revisar el funcionamiento de los organismos y empresas, eliminar estructuras duplicadas y profesionalizar la gestión en todos y cada uno de los departamentos.

La segunda gran tarea debe ser cambiar el sistema de nombramientos para que los organismos que deben controlar el poder político no dependan de los acuerdos entre los partidos que formen el Ejecutivo.

Así, la Fiscalía General del Estado es uno de los ejemplos de esta reconstrucción, ya que se plantea modificar su sistema de elección y reforzar su autonomía con garantías frente a las interferencias políticas, para que no se perciba como una prolongación del Ejecutivo. También lo es el CGPJ, en el que los jueces deben tener un papel decisivo en la elección de los doce vocales de procedencia judicial, para lo que se precisa una modificación legislativa.

Esta reconstrucción debe afectar también al Tribunal Constitucional, sin permitir que sus miembros sean sustituidos por un cambio en la mayoría parlamentaria, mejorando la transparencia de las candidaturas, la independencia de los perfiles y el respeto a los procedimientos constitucionales.

Esta misma reforma debe extenderse al Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la AIReF. Estos organismos deben ejercer sus funciones sin subordinación al Gobierno, teniendo en cuenta que, en algunos casos, sus responsables cuentan con mandatos protegidos y causas tasadas de cese.

El Centro de Investigaciones Sociológicas merece un examen específico, puesto que la credibilidad de sus estudios depende de la independencia técnica, la transparencia metodológica y la publicación de datos que permitan contrastar sus resultados. Lo mismo debe ocurrir en los medios de comunicación públicos del Estado, que deben regirse por criterios de independencia editorial, servir a la totalidad de la sociedad y contar con mecanismos de control que impidan que se conviertan en meros aparatos de propaganda del Gobierno.

Pero no cabe duda de que el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, y el Tribunal de Cuentas también deben ser sometidos a auditoría y revisión, de modo que el primero conserve su función de asesoramiento jurídico e institucional del Gobierno y el segundo fiscalice la actividad económico-financiera del sector público y constituya una garantía para los ciudadanos.

Quizás el elemento más polémico de la reconstrucción lo constituya la participación en el capital de compañías y bancos a través de entidades públicas, puesto que esa presencia puede responder a razones estratégicas, industriales, energéticas, financieras o de interés general. En este apartado, habría que analizar la necesidad o no de que las decisiones adoptadas al respecto requieran mayorías reforzadas, teniendo en cuenta que la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece los procedimientos y competencias para la gestión y venta de las participaciones públicas.

Finalmente, como cuarto bloque de la reconstrucción, centrado en la defensa de los intereses españoles en Europa, se debe impulsar la incorporación de Ceuta y Melilla a las instituciones europeas mediante su presencia en el Comité de las Regiones, para que tengan representación propia y voz directa en dichas instituciones.

Estas propuestas que encabeza Feijóo en nombre del PP constituyen, en sí mismas, una apuesta por la regeneración democrática. Lo que necesita España es limpiar sus instituciones de una politización que degrada la esencia del sistema democrático, que en los últimos ocho años se ha tambaleado por los tics autocráticos del presidente del Gobierno, los capítulos de corrupción de su entorno político y familiar y el uso de organismos e instituciones para colocar a personas en cargos de relevancia por el mero hecho de pertenecer al entorno de Pedro Sánchez.