Semana clave para el fiscal general: el jueves puede dejar de serlo y el viernes en el banquillo

Si el caso del fiscal general de Estado parece al rojo vivo, no desfallezcan. Lo más gordo está por llegar y esta semana es clave. Dos citas judiciales de Álvaro García Ortiz van a marcar su futuro inmediato y su futuro penal. Tanto es así que este mismo jueves puede dejar de ser fiscal general del Estado, lo que sería una gran noticia para la institución y para España.

¿Qué pasa el jueves? Pues que el Tribunal Supremo va a estudiar si anula la renovación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, un día antes de que declare como investigado ante el juez Ángel Hurtado por la presunta filtración denunciada por Alberto González Amador, el novio de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso. Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo van a deliberar este jueves sobre el recurso que presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovar, en diciembre de 2022, a García Ortiz como fiscal general del Estado. 

Consideran que no cumple los requisitos de idoneidad para el cargo que establece la Constitución y para ello citan diversos episodios que han jalonado su mandato. Por ejemplo, mencionan la anulación de nombramientos de Fiscales de Sala por "desviación de poder", como en el caso de Dolores Delgado García, su antecesora en el cargo. También recuerdan que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió "privar" al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía. Además, inciden en que ya no es un jurista de reconocido prestigio, como exige la ley. Dejó de serlo, argumentan, precisamente cuando fue condenado por el Tribunal Supremo por "desviación de poder".

Veremos lo que decide el Supremo sobre la posible anulación de su nombramiento justo un día antes de que el viernes se siente en el banquillo ante el juez Hurtado para declarar como imputado o investigado por el caso de la filtración. Ahí no se dirime su fututo inmediato, pero sí su futuro penal, que ahora mismo parece muy complicado para él. La UCO y el juez, en su último auto, le señalan claramente y le dejan contra las cuerdas. Y las declaraciones este jueves pasado de dos testigos le dejan a los pies de los caballos. Esos dos testigos son nada menos que dos subordinados, dos fiscales como el fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal encargado del caso del novio de Ayuso, Julián Salto.

Lo asombroso es que, en estas circunstancias, García Ortiz no haya dimitido y, peor aún, que el Gobierno y Pedro Sánchez en concreto le defiendan. Empieza a parecer que se protegen el uno al otro porque ambos tienen mucho que ver en la filtración que, no lo olvidemos, es un delito y de especial gravedad si lo comenten dos servidores públicos como el presidente del Gobierno y el fiscal general del Estado.