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La falsa modernización de la Justicia en España

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix BolañosEuropa Press

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Como bien conocerá el lector de este artículo, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su partido se encuentran asediados por diversos casos de corrupción: el caso Koldo de las mascarillas, el tito Berni, la contratación presuntamente ilegal de su hermano, la imputación de su mujer Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias durante el rescate de Air Europa, sin olvidarse de las jugosas supuestas mordidas que según la UCO se llevaba Santos Cerdán (hasta hace unos días secretario general del PSOE) con registro de la misma en la sede federal de Ferraz. Casos que, bastando con uno, harían dimitir al gobierno en pleno y convocar elecciones urgentemente en un país serio.

Pues en vez de optar por esa vía el gobierno se cierra en sí mismo, en un proceso que ha sido llamado de “Bunkerización” en la Moncloa y evitar dar explicaciones hasta con excusas tan pintorescas como “Son las 5 de la tarde y no he comido”. Además de este proceso de “Bunkerización” el gobierno ha optado por atacar a quien de verdad le puede frenar. Es decir, a la justicia, presentando una reforma del acceso al poder judicial que nos ha vendido el “fan número uno del Presidente del Gobierno”, ¿el uno? El Ministro de Presidencia y Justicia Félix Bolaños como una modernización necesaria de la justicia. Claro está que, como veremos en las siguientes líneas, dista mucho de modernización y se aproxima más a una intromisión en el poder judicial que tanto daño puede hacerles.

Esta modernización de la justicia tiene dos vertientes: una, el acceso a la carrera judicial; y otra, la reforma de las atribuciones de la fiscalía. Es decir, es una reforma que afecta a todo el poder judicial.

Empezaremos con la vertiente de la carrera judicial. La reforma se vende para facilitar el acceso a la carrera judicial y cubrir así las plazas que son necesarias en los juzgados, que reconozcamos que en España actualmente no se están cubriendo. Lo que, en efecto, implica una ralentización de la justicia a pesar de los esfuerzos que hacen jueces y secretarios judiciales por aminorarla.

En este sentido, la reforma ofrece que el gobierno pueda ofrecer becas cuya cuantía tendrá como referencia el Salario Mínimo Interprofesional a todas las personas que quieran opositar para el acceso a la carrera judicial durante un periodo de cuatro años. Es decir, el gobierno podrá pagarte con los impuestos tu tiempo de estudio de la oposición. Lo que en primer lugar sería un agravio comparativo con otros opositores que tienen que costearse de su bolsillo el tiempo de estudio en la oposición. Además, puede dejar en manos del gobierno quién puede acceder a estas becas y quién no. Lo cual podría suponer que el gobierno, vía becas, pueda controlar quién podrá ser juez o jueza en un futuro.

Por otra parte, la reforma propone ampliar el acceso a la carrera judicial a través del cuarto turno. Esto es, profesionales de reconocido prestigio en el mundo judicial y con una experiencia de más de 10 años pueden, sin oposición alguna, acceder a la carrera judicial. Es decir, en vez de eliminar el cuarto turno, el gobierno va a tratar de ampliarlo. Como se habrá percatado, es una forma de incorporar jueces que el gobierno estime oportuno. Recordamos que esos jueces pueden posteriormente juzgar causas políticas si por ejemplo consiguen mejorar durante su carrera judicial haciéndose magistrados.

Como apunte final dentro de esta parte, la reforma incluye también otros puntos como la reforma del comité ético que supone profundizar más si cabe en la dependencia del poder judicial frente al ejecutivo.

¿Recuerdan cuando en una entrevista el Presidente del Gobierno dijo algo así como: “La fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso”, dejando entrever la dependencia jerárquica de un organismo tan importante como es la Fiscalía General del Estado por parte de la Presidencia del Gobierno? Pues esta reforma, como hemos mencionado antes, también aborda la ampliación de funciones de la Fiscalía que pasa a asumir la instrucción de procesos judiciales penales, relegando a un mero supervisor al juez de instrucción. Es decir, que una parte procesal tan importante en un juicio penal pasa ahora a un fiscal que, como hemos visto, depende orgánicamente del gobierno. Aquí tenemos otro claro ejemplo de alejamiento de la independencia de la justicia.

El actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sabemos que se encuentra imputado por un delito de revelación de secretos en la causa de Alberto González Amador. ¿Se imaginan con esta norma? ¿Creen que un fiscal haría una instrucción rigurosa contra su jefe? Esta parte es muy peligrosa, visto por ejemplo este caso. Recordemos, además, que este Fiscal General del Estado creó una fiscalía ad hoc para casos de corrupción porque no le gustaba realmente el trabajo que estaba realizando la actual fiscalía anticorrupción.

Como dato, destacar que, además, en la presente reforma se prohíbe la financiación privada de asociaciones de jueces y fiscales. No vaya a ser que sean financieramente independientes y eso, claro está, al gobierno no le interesa.

En resumen, estamos ante una reforma decepcionante del poder judicial que aleja la independencia de este poder y pone aún más en peligro el Estado de Derecho en España. Estado de Derecho y Democracia que cada día que pasa se ven mermados con este gobierno autocrático. ¡La alternativa es peor, la “extrema derecha” acecha!

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