El TC no se equivoca con la amnistía, obedece a Sánchez

No existe un debate jurídico genuino sobre la ley de amnistía: su inconstitucionalidad es evidente y ha sido señalada por la inmensa mayoría de los juristas, incluidos miembros del propio gobierno y altos cargos del PSOE. Incluso Pedro Sánchez, en su momento, admitió las serias dudas constitucionales que pesan sobre esta medida. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido avalarla, no por un error en su análisis técnico, sino porque obedece fielmente las instrucciones políticas del presidente del Gobierno.

La sentencia del TC no es un ejercicio de interpretación jurídica, sino una decisión política disfrazada. El tribunal ha hecho suyos los argumentos del Ejecutivo, como la idea de que la amnistía fomenta el "reencuentro" y ayuda a superar el conflicto en Cataluña. Este discurso, repetido hasta la saciedad por el Gobierno, es una falsedad evidente. La ley no persigue la reconciliación, sino que responde a una necesidad pragmática: Sánchez precisaba los votos de los partidos independentistas para ser investido presidente. Sin esa urgencia, el PSOE jamás habría promovido una norma tan controvertida.

Es intolerable que un tribunal, cuya misión es velar por la Constitución, se deje guiar por el contexto político en lugar de emitir un fallo técnico y fundamentado. La sentencia del TC no solo traiciona su propósito esencial, sino que debilita la credibilidad de las instituciones y agrava la división social. La amnistía no es un puente hacia la paz, sino un trofeo político que recompensa a quienes han desafiado el Estado de derecho.

La pregunta es inescapable: ¿alguien duda de que, con una mayoría absoluta, el PSOE habría impulsado esta ley? La respuesta es un rotundo no. La decisión del TC, lejos de ser un yerro jurídico, es una muestra de sumisión al poder político de Sánchez, quien ha convertido la justicia en un instrumento al servicio de su supervivencia electoral. El daño a la democracia es innegable.