Un paréntesis oscuro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un pleno en el Congreso de los Diputados.
La presente legislatura puede describirse como un paréntesis oscuro atendiendo al déficit democrático que Sánchez ha impuesto por la necesidad de seguir gobernando aunque sea de forma agónica. En la investidura, tras perder las elecciones el partido socialista, ya pudimos comprobar lo que nos iba a deparar el día a día del gobierno que salió investido, una constante degradación de las instituciones a medida que Sánchez fuera necesitando los votos de sus socios en cada una de las votaciones.
Lo que está cada día más claro es que el PSOE necesitaba seguir gobernando para evitar que se descubriera la trama de corrupción que empezó a actuar en Navarra con Cerdán y en Valencia con Ábalos, y que al final confluyeron en el Peugeot de Sánchez, repartiéndose el trabajo el primero en el partido y el segundo en el Gobierno. Por eso se prometió absolutamente todo a políticos prófugos o con pasado con condena por colaboración terrorista para que la rueda de la corrupción siguiera girando.
Pero, sin duda, la responsabilidad política de Pedro Sánchez cada vez está más clara porque de la investigación que se está llevando a cabo en el Tribunal supremo se desprende que sin sus nombramientos de Ábalos como ministro de transportes y de Cerdán como secretario de organización, la trama corrupta no se hubiera podido hacer fuerte y alcanzar las indecentes dimensiones que vamos conociendo.
El corazón del partido socialista y el corazón del Gobierno fue corrompido por la falta de vigilancia y negligencia de Pedro Sánchez, salvo que la Justicia concluya otra cosa, ya que existe una conversación que pone de manifiesto que Sánchez avisó a Ábalos sobre la investigación de la UCO a su fiel Koldo y ya veremos a donde conduce esta línea de investigación. Pero lo que está claro es que cada causa que se abre se produce una reacción del Gobierno para contrarrestarla, así se presentó la “ley Begoña” para anular la acción popular cuando se investigó a la mujer del presidente del gobierno, se presentó la “ley Bolaños” para que la UCO dependa de la fiscalía al iniciarse la investigación de Ábalos y la “ley Koldo” para que las grabaciones intervenidas a este insigne socialista, como le llamó Sánchez, y que están hundiendo a Cerdán no sean válidas. Siempre que la UCO o la Justicia actúa el Gobierno de Sánchez mueve ficha, es todo muy “curioso”.
Otra “curiosidad” es que el ministro Bolaños ha llegado a afirmar el pasado miércoles en Barcelona que las 15 medidas para combatir la corrupción, que ya nadie recuerda, presentadas por Sánchez en su comparecencia en el Congreso, no estarán en vigor hasta dentro de un año, sorprende esta lentitud para combatir la corrupción comparándola con la rapidez para aprobar, por ejemplo, la ley de amnistía.
La otra pieza que evidencia la libertad con la que actuaba, y puede ser que aún actúe, la trama corrupta es que el Gobierno de Sánchez está escondiendo el informe que ha elaborado el grupo GRECO, grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa, sobre la corrupción en España, y ahora dice que lo hará público durante el mes de agosto, sin duda con la intención de que pase lo más desapercibido posible. El dosier europeo recoge que España desoye desde 2019 las recomendaciones para evitar que prolifere la corrupción en nuestro país, lo cual pone de manifiesto que la solución que propone Sánchez en la lucha contra esta lacra es….taparla.
Este informe es el cuarto desde 2019 y en todos ellos se critica al Gobierno español por sus reiterados incumplimientos de las recomendaciones. Desde luego es muy significativo que Sánchez llegara a la Moncloa el año 2018 con la inestimable ayuda de la trama de Ábalos-Koldo-Cerdán y empezara a incumplir las recomendaciones anti-corrupción de los organismos internacionales desde 2019.
Realmente atendiendo a estos indicios solo puede describirse el periodo sanchista como un oscuro paréntesis en nuestro Estado de Derecho, ya que su inicio fue la larga travesía en un Peugeot, continuó con una moción de censura y se acentuó con la investidura de 2023 tras perder las elecciones. Sin duda puede pensarse que la compra de los siete votos necesarios para hacer presidente a Sánchez eran una cuestión de vida o muerte y por eso se cometió un acto más de corrupción, otra más, que fue la ley de amnistía, y todo para evitar que saliera a la luz lo que está averiguándose en el Tribunal Supremo gracias a la UCO. Todo va encajando poco a poco como las piezas de un indecente rompecabezas.