Septiembre férvido para el Gobierno: el juez adelanta la cita judicial de Begoña Gómez

El caso Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, continúa avanzando entre controversias, imputaciones y movimientos judiciales. Las portadas que han copado de titulares el adelanto de su declaración al 10 de septiembre no se han hecho esperar. A pesar de solicitar un aplazamiento por parte de su letrado puesto que le coincidía con otro juicio, el juez Peinado ha sorprendido nuevamente con un cambio de fecha que podría elevar la complejidad del proceso y su estrategia judicial.

Recordemos que la causa empezó por informaciones periodísticas sin la Fiscalía de por medio. Iniciándose el 16 de abril de 2024 por el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid. Partiendo de una querella de Manos Limpias, basada, en un principio, en informaciones mediáticas publicadas en algunos digitales.

El juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias comunicando públicamente la apertura del caso. Uno de los primeros escándalos resaltaba el nombre de Juan José Güemes, exconsejero del Instituto de Empresa. Este fue citado como testigo, pero el juez terminó imputándolo. La directora de Recursos Humanos había reconocido que Begoña fue contratada por ser esposa del presidente. Desde ese momento, la maquinaria de Gobierno empezó a funcionar dudando del propio juez. Incluso el ministro Óscar López lo acusó de prevaricación por, supuestamente, tergiversar una declaración. Pero a Peinado no le temblaban las piernas y continuó con la investigación. Así pues, ampliaba la imputación de Begoña Gómez más allá del tráfico de influencias. 

En octubre de 2024, admitió como nuevos delitos la apropiación indebida y el intrusismo profesional, tras sospechar del conocido software que habría sido comercializado e impulsado en la Universidad Complutense de Madrid que Gómez lideraba y donde codirigía una cátedra extraordinaria de transformación social competitiva y siendo docente en programas de captación de fondos. Por ello cobraría la cantidad de 20.000 euros anuales. Estos indicios eran conocidos y manejados por Hazte Oír. 

En agosto de este año, a la causa se sumó una imputación por malversación, relacionada con su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por presunta desviación de fondos públicos. La Audiencia ha respaldado estas líneas de investigación. Aunque Pedro Sánchez se acogió a su derecho de no declarar como testigo el pasado julio, el juez permitió que las partes tuvieran acceso a la grabación de su comparecencia, Aunque, en un primer momento, la Fiscalía se opuso por riesgo de filtraciones. 

Estos últimos días vemos cómo parte del Ejecutivo tacha a algunos jueces de no realizar su trabajo de manera loable. Incluso el ministro Félix Bolaños vio rechazada su petición de testificar por escrito, aunque sí se le permitió hacerlo desde Moncloa. 

En enero de 2025, Peinado tomó medidas contra abogados del caso, entre ellos Antonio Camacho, por hacer declaraciones ante la prensa tras comparecencias judiciales. Solicitando las grabaciones a cadenas como RTVE o Atresmedia para evaluar si incumplieron algunas normas, lo que podría derivar en multas de hasta 10.000 €. La defensa respondió señalando una vulneración del derecho a la libertad de información.

Este caso no está dejando indiferente a la opinión pública. En un principio, el juez había convocado a Cristina Álvarez para declarar el 10 de septiembre a las 11 de la mañana y a Begoña Gómez el 11 de septiembre a las 10:30. Con el nuevo giro y el cambio de fecha, todo parece indicar que ambas coincidirán ahora en los pasillos del Juzgado. Pero este caso continúa a toda máquina, y cada vez son más las informaciones que no dejan en buen lugar a la esposa del presidente. Peinado solicitaba todos los correos electrónicos de Gómez y se han detectado tres emails de su cuñado David Sánchez en su cuenta oficial de Moncloa. La intención del músico era remitir a su cuñada una carta de recomendación que a su vez él envió desde su cuenta oficial de la Diputación de Badajoz.    

Los delitos a los que se enfrenta la mujer del líder socialista son tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. De ser hallada culpable de todos ellos, las penas podrían alcanzar hasta 17 años de prisión, según algunas de las estimaciones legales basadas en el Código Penal. 

Con esta agenda judicial en el horizonte y el foco mediático cada vez más intenso, todo apunta a que septiembre será un mes implacable para Begoña Gómez y nada favorable para el presidente del Gobierno. La justicia no entiende de siglas políticas y este otoño podría marcar un antes y un después en el futuro de la legislatura.