El fiscal general de Sánchez, lamentable arranque del juicio: aplausos y privilegios para un acusado

El fiscal general del Estado ya se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados. Bueno, es un decir, porque la primera jornada al menos ha estado sentado junto a sus abogados defensores y revestido de la toga de fiscal. Eso después de entrar al Tribunal Supremo por la puerta principal y ser recibido entre aplausos vergonzosos por un grupo de pelotas que, como él, desprecian la justicia y el Estado de Derecho. 

La actuación del fiscal general ha sido lamentable. Por mucha pompa que se dé a sí mismo, la realidad es que el fiscal general del Estado, cuando se sienta en el banquillo deja de ser el fiscal general y se convierte en el ciudadano Álvaro García Ortiz. Su toga, sus ínfulas, su soberbia nos importa un bledo a los ciudadanos y, lo que es más importante, debería importarle otro a los magistrados del Tribunal Supremo que le están juzgando y que permiten este comportamiento tan sumamente inapropiado.

Inapropiado, pero no inesperado. García Ortiz no se ha comportado en todo este proceso como un hombre de Estado. Todo lo contrario. Borró sus teléfonos móviles y su correo electrónico como un vulgar delincuente, se ha negado a dimitir -sometiendo así a la Fiscalía General a un descrédito y una tensión inadmisibles- y este lunes se ha comportado de manera desafiante, como si él estuviera por encima de los tribunales y del Poder Judicial, tirando de privilegios, exhibiendo su posición como si eso le hiciera merecedor de un trato especial. Es algo muy de la España de los 50 y 60, un "usted no sabe con quién está hablando".

El procesado García Ortiz no tiene más ni menos derechos que nadie cuando se sienta en el banquillo. Él más que nadie debería saberlo y honrarlo. Da igual que la acusación le parezca injusta, da igual que se sienta muy inocente e incluso que lo sea. Miles y miles de ciudadanos se han sentido acusados y tratados de manera injusta por la justicia y no han podido hacer lo que ha hecho García Ortiz sino que se han sometido a los jueces y han esperado el veredicto. 

El fiscal general ante un juez no es más que un ciudadano más. Él juega con la ventaja de su cargo, con la defensa de la abogacía del Estado, con los fiscales, subordinados suyos, que no le acusan y con un Gobierno, empezando por su presidente, que proclama su inocencia en público en un claro ataque a la separación de Poderes. Álvaro García Ortiz se desacredita a sí mismo con su comportamiento. Será culpable o inocente, eso lo dirá el tribunal, pero lo que ha quedado claro es que no es digno de ser fiscal general del Estado.