El presidente que por la noche susurra a los delincuentes y por el día ataca a los jueces

La democracia se asienta en dos pilares fundamentales, por un lado, en la soberanía popular ejercida mediante la elección de sus representantes por sufragio universal, y, por otro lado, en el respeto al Estado de Derecho basado, a su vez, en el imperio de la ley y la separación de poderes.

Desde la promulgación de la Constitución del 78 España hasta la llegada de Pedro Sánchez al poder según diversos índices, como el de The Economist, España era considerada una “ democracia plena”. Sin embargo, en 2021, es decir, después de transcurridos tan solo tres años de Gobierno socialcomunista España perdió tal consideración, para pasar a ser considerada una “democracia defectuosa”. Las causas que explican esta caída en picado de la “calidad de la democracia española” son múltiples y variopintas.

Así, en relación a la soberanía popular, como consecuencia de su derrota en las pasadas elecciones generales el PSOE optó por reeditar el Gobierno de coalición con los comunistas de Sumar, si bien para mantenerse en el poder se vio en la obligación de recurrir a un acuerdo de investidura con los golpistas catalanes y los filoterroristas vascos, algo que no solo no contemplaba el programa electoral socialista, sino que incluso fue rechazado por el propio P. Sánchez durante la campaña electoral. No obstante, dicho acuerdo a tres bandas, a pesar de que suponía la concreción de un engaño manifiesto, fue vendido a la ciudadanía como una actuación absolutamente legítima debido a que la aritmética parlamentaria lo permitía. Como no hay mal que cien años dure todo cambio hace tan solo unos días, cuando Junts, a instancias de su prófugo líder Carles Puigdemont, decidió unilateralmente romper los vínculos contra natura que mantenía con el Gobierno socialcomunista, dejando así a P. Sánchez sin la mayoría parlamentaria que justificaba, al menos numéricamente, su estancia en el Palacio de La Moncloa. Resulta evidente que la lógica democrática señala que, ante tan precaria situación parlamentaria, lo único sensato sería dimitir y convocar elecciones inmediatamente, para de esta forma dar voz y voto a la ciudadanía. Sin embargo, despreciando con su habitual falta de escrúpulos las reglas básicas del juego democrático, P. Sánchez manifestó acto seguido su irrevocable decisión de continuar al frente del Ejecutivo. En consecuencia, cabe concluir sin atisbo de duda que P. Sánchez, impulsado por su perturbada naturaleza, su desmesurado apego al poder y su falta de convicciones democráticas, está dispuesto a “gobernar sin el apoyo del Parlamento”, vulnerando así el principio de soberanía popular que rige el normal funcionamiento de la democracia.

También ha pisoteado P. Sánchez, y de qué manera, el imperio de la ley, de tal forma que tras las imputaciones por delitos ligados a la corrupción de Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, es decir, su círculo familiar y político más cercano, el Gobierno socialcomunista comenzó una auténtica campaña de agitación y propaganda -impulsada por todos esos medios de comunicación obscenamente reconvertidos en terminales desinformativas del sanchismo- con el objetivo de desacreditar a los jueces, fiscales y guardias civiles que participaban en la instrucción de las causas abiertas contra estos presuntos delincuentes, obstruyendo de esta forma la acción de la justicia. Buena prueba de todo ello lo constituye la imputación de la socialista Leire Díez, también conocida como “la fontanera del PSOE”, por el intento de soborno de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda para conseguir información que ensuciara la imagen del jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas, y del titular de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, siguiendo presuntamente órdenes del propio P. Sánchez o de su entorno político más directo, cerrándose así un círculo delictivo que enlaza la corrupción económica con la corrupción política, para mayor gloria de un régimen como el sanchista que pretende desarrollar sus tendencias criminales con la más absoluta impunidad. Sin embargo, es necesario reconocer que algo le faltaba al PSOE para ser definitivamente considerado como una organización genuinamente criminal, tal y como algunos pensábamos que era. La confirmación de que tal especulación tenía visos de realidad ha llegado de la mano del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, el cual ha instado a la Audiencia Nacional para que investigue al partido socialista y determine si ha incurrido en financiación ilegal y blanqueo de capitales, en base a las pruebas (sobre va, sobre viene, a Venezuela voy, de Venezuela vengo) que de forma cada vez más abrumadora así lo indican, de tal manera que el círculo vicioso socialista adquiere una nueva y estratosférica dimensión delictiva.

Para poner la guinda al pastel antidemocrático el sanchismo no ha cejado en ningún momento en su intento de control de los jueces mediante la supresión del principio de separación de poderes establecido por Montesquieu, allá por 1748, en su obra “El espíritu de las leyes”, según el cual, para evitar abusos de poder y garantizar la libertad de los ciudadanos, era necesaria la existencia de un sistema de contrapesos basado en la independencia de los tres poderes del Estado, esto es, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En línea con este planteamiento, el Consejo Europeo (CE) instó a España ha modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerar que no cumplía con los estándares democráticos de la Unión Europea (UE), dado que, al estar todos su miembros elegidos por el Parlamento, la designación estaba enormemente politizada. La propuesta avalada por el Gobierno español contemplaba que los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial siguieran siendo elegidos en sede parlamentaria, introduciendo como novedad una preselección previa. Tras el correspondiente estudio de dicha propuesta la Comisión de Venecia, órgano consultivo del CE, desautorizó rotundamente al Gobierno español por considerar que se mantenía la politización del CGPJ, contradiciendo así la normativa europea, según la cual los vocales del CGPJ de procedencia judicial deben ser elegidos por los propios jueces. A pesar de tan demoledor informe el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ejerciendo a la perfección su papel de mamporrero mayor del sanchismo, adujo que el nombramiento de los miembros del CGPJ por parte del Parlamento les proporcionaba legitimidad democrática, algo que evidentemente retrata el talante autoritario y las ganas de confundir a la opinión pública por parte del Ejecutivo sanchista, ya que, como también señala la Comisión de Venecia, “la legitimidad del Poder Judicial emana de la Constitución (...) y no de acuerdos políticos sobre el nombramiento de los miembros del Consejo”. En definitiva, con su ataque a la independencia del Poder Judicial, el Gobierno socialcomunista vulnera el Estado de Derecho, provocando de esta forma la demolición de la democracia.

Decía en una entrevista en El Mundo el expresidente de México, Ernesto Zedillo, que “Los nuevos autócratas no buscan el poder a través de un Golpe de Estado o una asonada, sino que juegan con las reglas de la democracia para destruirla una vez han accedido al poder”. No es posible saber exactamente a quién se estaba refiriendo el ilustre político al realizar tal aseveración, pero evidentemente se ajusta como anillo al dedo a la figura de P. Sánchez, ese deplorable autócrata que por la noche susurra a los delincuentes y por el día ataca a los jueces.