El Fiscal General provoca un terremoto en las instituciones del Estado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sentado en el banquillo del Tribunal Supremo.TRIBUNAL SUPREMO

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El Fiscal General del Estado es un señor que debería garantizar los derechos de los ciudadanos, promover las actuaciones de la justicia y defender la legalidad por encima de cualquier otra función. No se me ocurren muchas formas más burdas para representar la decadencia de un Estado y de la vulnerabilidad de sus ciudadanos que encontrar al Fiscal General rindiendo cuentas desde el banquillo de los acusados. Esto es, ni más ni menos, precisamente lo que está pasando en España. 

Como mi preparación jurídica es nula, casi tan baja como la de nuestro ínclito Presidente del Gobierno, y a diferencia de él, no voy a entrar en detalles técnicos sobre legislación o si el señor García Ortiz, don Álvaro, es culpable o no. Pero si se le va a juzgar, lo que está claro es que varios jueces han entendido que hay indicios sólidos de posible delito. En este caso por actuar como comisario político y revelar secretos para mayor gloria del Sanchismo- Ya saben: Un día un escándalo, y al día siguiente lo mismo- Vaya, escribí hace unas líneas que no se me ocurrían muchas maneras más chabacanas, pero sí, volví a subestimar a Pedro Sánchez, que es capaz de remover los estratos más profundos de fango para superarse a sí mismo como el modelo de antidemócrata puro. 

Hace unos días no se le ocurrió mejor bobada que decir en 'El País' que: “El fiscal general es inocente, y más aún tras lo visto en el juicio”. Parece que además de economista, que sí lo es, incluso parece que es Doctor en la materia de una forma legítima, -recordemos que consejero de Caja Madrid con Miguel Blesa, y votó varias veces a favor de la emisión de preferentes- ahora le ha dado por creerse juez y dictar sentencias de pichiglás para que se las crea quien lo quiera escuchar. Estamos tan acostumbrados a estas salidas de pata de banco de Sánchez que lo que en cualquier país civilizado sería una intromisión escandalosa en el hacer de la justicia, aquí ni se valora que pueda tener consecuencias. 

Y es que hasta el momento no las han tenido todas las veces que se ha saltado las leyes y sus obligaciones. Cada vez que dejamos pasar una de estas fechorías, que quieren maquillar de mínimas, retrocedemos años luz en libertad, que no va a ser fácil recuperar. 

Que los políticos estén arremetiendo constantemente contra el sistema judicial para usurpar sus funciones no es más que una muestra de la dimensión de las actuaciones que están dispuestos a ejecutar con el fin de lograr su objetivo de perpetuarse en el poder sin nadie que los fiscalice. No les va a ser fácil, pero el precedente es, cuando menos, peligroso.