El injusto “basurazo” que agujerea los bolsillos españoles

Hay decisiones que se toman porque convienen al poder.

Y otras que se evitan porque castigan a la gente.

La llamada tasa de basuras pertenece a la primera categoría.

Se está aplicando en muchos municipios como si fuera una obligación inapelable, casi como un mandato europeo grabado en piedra. No lo es. Ni jurídica ni moralmente.

Conviene decirlo claro, sin miedo y sin propagandas partidistas: la directiva europea no obliga a crear una tasa concreta, la ley estatal no impone un modelo cerrado y no existen sanciones automáticas para los ayuntamientos que decidan no implantarla.

Lo que la ley exige es algo mucho más sencillo —y razonable—: que el servicio de recogida y tratamiento de residuos esté cubierto económicamente. Nada más. Y eso puede hacerse de varias maneras.

Un ayuntamiento puede financiar ese servicio con una tasa específica. O puede hacerlo con recursos generales del presupuesto.

Ambas opciones son legales. Las dos respetan la ley.

La diferencia no es jurídica. Es política.

Porque la tasa que se está aplicando en muchos municipios tiene un problema grave de justicia social: es lineal.

Paga lo mismo quien no llega ni a fin de mes que quien no sabe qué hacer con su dinero.

No distingue renta, ingresos ni capacidad económica.

Y eso choca frontalmente con un principio constitucional básico: la progresividad fiscal.

No estamos hablando de reciclar mejor ni de cuidar el medio ambiente. Estamos hablando de cómo se reparte el coste. Y ahí algunos han optado por el camino fácil: pasar el recibo y mirar a otro lado.

Subir impuestos siempre es sencillo. Gobernar pensando en los vecinos, bastante menos.

Conviene recordar algo que muchos parecen haber olvidado: la autonomía local no es un eslogan. Es Constitución.

Los municipios tienen derecho a decidir cómo financian sus servicios sin que el Estado actúe como recaudador con antifaz.

No hay multas automáticas.

No hay recargos inmediatos.

Europa no sanciona ayuntamientos.

Todo lo demás es ruido interesado para justificar decisiones injustas.

Por eso esta mirilla no es solo una reflexión. Es una advertencia a los alcaldes de España: aplicar la tasa de basuras como se está haciendo no es inevitable, ni obligatorio, ni justo.

Es una elección. Su elección. La de cada uno de ellos.

Y cuando se elige cargar siempre sobre los mismos, el problema no es la ley.

Es la falta de coraje político.

Porque los ciudadanos ya están pagando ese servicio.

Lo injusto es cobrarles dos veces… y además llamar a eso “responsabilidad” o “cumplir con la ley”. 

A.M. BEAUMONT