Sánchez la lía en la UE con la regularización masiva: España, señalada

El Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a lanzar en abril un proceso de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular que podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas, con plazo de solicitudes hasta el 30 de junio. Una decisión unilateral, tomada al margen de una coordinación real con Bruselas y en un momento en que la Unión Europea endurece su política migratoria con centros de deportación en terceros países y un nuevo Reglamento de Retorno más estricto. El resultado es previsible: España queda señalada como el eslabón débil de un espacio Schengen sin fronteras interiores.

El comisario de Migración, Magnus Brunner, ha sido claro en declaraciones a El Mundo: un permiso de residencia español no es “un cheque en blanco” para circular libremente por Europa. Si un regularizado se desplaza a otro Estado miembro y es encontrado en situación irregular, deberá ser devuelto a España. Brunner advierte además que la medida “puede suponer un problema para los demás Estados” si se produce una fuga masiva o un uso indebido del nuevo estatus. La Comisión vigilará de cerca las consecuencias negativas de esta iniciativa nacional en un reto que, según Bruselas, debe ser compartido.

El contraste con el resto de Europa es llamativo. Mientras Italia, bajo Giorgia Meloni, avanza en repatriaciones eficaces y centros en Albania con el respaldo comunitario, y el PPE —tras la gestión de Alberto Núñez Feijóo en la cumbre de Zagreb— califica las legalizaciones masivas de “debilitamiento grave” de la política migratoria común, Sánchez opta por el camino opuesto. El Parlamento Europeo ya analiza de urgencia las implicaciones de esta regularización “a ciegas”, que se tramita sin verificación exhaustiva de antecedentes y sin evaluación previa de impacto en servicios públicos, empleo o seguridad.

Esta forma de proceder no solo genera tensión con socios europeos preocupados por el efecto llamada y la presión sobre el sistema de asilo y acogida. También expone a España a un riesgo real: convertirse en el destino preferente para quienes buscan regularizarse rápido y, después, probar suerte en otros países más prósperos. El Gobierno insiste en que se trata de dignificar una realidad existente y responder a necesidades laborales, pero olvida que la integración efectiva exige mucho más que un papel: control de fronteras, políticas de retorno creíbles y una gestión ordenada que no dependa de improvisaciones electorales o pactos con socios radicales.