Zapatero calla cuánto cobra del Estado mientras Sánchez llama “infundios” a las investigaciones judiciales

José Luis Rodríguez Zapatero se mueve en una ambigüedad calculada, en las sombras y las zonas oscuras de la ley. El expresidente se niega a aclarar si ya cobra la pensión vitalicia de jubilación -unos 88.000 euros anuales- que le reconoce la ley como exjefe del Ejecutivo. Una prestación incompatible, según la normativa vigente, con el ejercicio de actividades por cuenta propia cuando los ingresos superan el Salario Mínimo Interprofesional. Zapatero factura más de 1,5 millones de euros. La ley es meridianamente clara y, sin embargo, el expresidente elude toda respuesta.

Ni por correo electrónico, ni a través de su secretaria, ni mediante su portavoz. El silencio es la única contestación. Mientras tanto, el Estado sigue pagando: más de 74.000 euros anuales en gastos de representación, dos funcionarios públicos cuyo coste ronda los 100.000 euros, oficina, seguridad y viajes. Una estructura pública que, según el instructor, se habría utilizado también para fines privados y comerciales.

Esta opacidad se produce en un contexto mucho más grave. Un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a Zapatero por delitos de especial gravedad que podrían acarrear penas de prisión. Hechos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limita a calificar de “infundios”. En lugar de respetar la independencia judicial, Sánchez vuelve a la carga contra los magistrados que investigan posibles irregularidades en su entorno más próximo.

Zapatero calla sobre cuánto dinero público recibe de los españoles porque la respuesta podría añadir un nuevo capítulo incómodo a su ya delicada situación. Pero incluso si esta controversia sobre su pensión resultara ser solo un grano de arena, lo verdaderamente grave es que el jefe del Ejecutivo considere “infundios” las pesquisas de la Audiencia Nacional. Un expresidente que oculta a los contribuyentes cuánto le cuestan y un presidente que desacredita a la Justicia dibujan el mismo retrato: el de una clase política que antepone la opacidad y el ataque institucional a la rendición de cuentas.

La ciudadanía tiene derecho a saber. El silencio de Zapatero y las descalificaciones de Sánchez no son respuestas. Son síntomas de un deterioro que ya no se puede disimular.