Sánchez aterrorizado por otro delito que se le viene encima: imputación al PSOE

Más problemas para Sánchez en el horizonte. El juez Santiago Pedraz y la UCO han puesto al PSOE al borde de la imputación como persona jurídica en la causa de las cloacas de Ferraz. Imputación penal, por cierto. No es un detalle procesal menor. El juez ha requerido al partido el programa de cumplimiento normativo y la identificación de su responsable lo que, según fuentes jurídicas, es el paso previo habitual antes de imputar a una organización por los delitos cometidos en su seno o con sus medios.

Lo que la investigación acredita es grave: el PSOE financió y puso su propia estructura al servicio de una presunta organización criminal. Pagos mensuales de 4.000 euros a Leire Díez, camuflados con facturas falsas emitidas por la gerente de la Secretaría de Organización; uso de sedes, personal y logística del partido para intentar obstaculizar causas judiciales que afectaban al propio PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez. El juez lo expresa con contundencia: Santos Cerdán, ex secretario de Organización, “habría puesto a disposición de la trama criminal la propia estructura del partido”.

En un partido político la responsabilidad última no es difusa. Recae sobre quien manda: el secretario general. Pedro Sánchez. No se monta ni se sostiene durante meses una estructura organizada para delinquir dentro del aparato del partido sin que el jefe no lo autorice, lo tolere o lo dirija. Cerdán no era un autónomo; era su mano derecha, el hombre fuerte de la organización. La trama, además, se activó tras la imputación de Begoña Gómez y los cinco días de reflexión de Sánchez, con una reunión en Ferraz en la que participaron los principales implicados.

Por eso la imputación del PSOE como persona jurídica no es un problema del partido abstracto. Es un problema político directo de su líder. Y abre un peldaño más arriba: la posible imputación penal del propio Sánchez. Porque si la organización criminal operaba con fondos y medios del partido para proteger sus intereses y los de su entorno, la pregunta inevitable es hasta dónde llegaba su conocimiento o su aquiescencia. En todo caso, más allá de la responsabilidad penal está la política. Y esa es indiscutible que recae sobre él

Sánchez lo sabe. Por eso está aterrorizado. Porque la imputación del PSOE no sería solo un golpe institucional al partido que gobierna España. Sería el reconocimiento judicial de que, en su núcleo de poder, se organizó y financió una estructura para interferir en la Justicia. Y en esa estructura, el responsable político último tiene nombre y apellidos.