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ENFOQUES DEL DIRECTOR

Sánchez, acorralado: Pedraz imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil y él los defiende

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (izq.); y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto al DAO, Manuel Llamas.

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La bomba política ha hecho explosión este mediodía cuando hemos sabido que el juez Pedraz, que investiga la cloaca del PSOE, ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO, el máximo uniformado, Manuel Llamas, por prevaricación y obstrucción a la justicia.

¡Habrán dimitido!, pensarán ustedes con toda lógica. Pues no. Sánchez los mantiene, manchando la reputación de la Benemérita para salvarse él. Porque hay algo bastante evidente: si Mercedes González, en connivencia con Leire Díez, fue capaz de llevar a cabo un plan para intentar abortar las investigaciones de la UCO contra Sánchez y su entorno, eso no pudo ser decisión suya, por la gravedad, la trascendencia y lo que implica.

Necesariamente hay que pensar que tuvo la complicidad, como mínimo, del ministro Marlaska, su jefe, y probablemente también del jefe de Marlaska, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cuyo beneficio se montó la cloaca. Eso explicaría por qué tanto Sánchez como Marlaska defienden la inocencia de Mercedes González. No hay muchas más explicaciones coherentes y creíbles.

Si ambos fueran ajenos a la trama no tendría sentido que defendieran a una persona que podría haber delinquido, que el juez y el fiscal creen que podría haber delinquido y por eso la imputan. ¿Qué saben ellos de qué hablaba o qué acordaban la directora de la Guardia Civil y Leire Díez mientras tomaban café? La explicación más lógica es que lo sabían porque lo habían autorizado e incluso ordenado y por eso pretenden taparlo.

Los hechos son tozudos: expedientes internos abiertos contra mandos de la UCO para amedrentarlos, instrucciones de “ponerse de perfil” en causas con afectación política —como la del hermano de Sánchez—, reuniones negadas primero y reconocidas después, y todo ello en el marco de una operación dirigida desde Ferraz para proteger al presidente y a su círculo.

Sánchez, acorralado por la justicia, elige defender a los imputados en lugar de depurar responsabilidades. Prefiere manchar la imagen de la Guardia Civil antes que admitir que la cloaca llegaba hasta lo más alto. Ya lo hizo con el fiscal general del Estado, también imputado y mantenido en su cargo hasta la condena. Por eso, la pregunta ya no es si dimitirán González o Llamas. La pregunta es cuánto tiempo más podrá Sánchez sostener este blindaje sin que la presión judicial y política lo haga saltar por los aires.

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