La próxima legislatura debe ser constitucional

España necesita una reforma integral, reforma que debe tener como hoja de ruta la Constitución de 1978. Sin duda el próximo Gobierno salido de las urnas, que según todas las encuestas electorales será liderado por el Partido Popular, tendrá que actuar como trabajan esos arquitectos que llegan a un edificio histórico después de 8 años de filtraciones, grietas y chapuzas, en definitiva, deberá realizarse una reforma integral del Estado después de 8 años de abandono constitucional.

La diferencia es que aquí no hablamos de un edificio, sino de un país. Alberto Nuñez Feijóo ha anunciado 70 leyes de regeneración democrática que deben ser realidad desde el minuto cero de la legislatura, que no es poca cosa.

Esta apuesta regeneradora será lo primero que deberá hacer Feijóo cuando cruce la puerta de la Moncloa, a diferencia de lo que hizo Sánchez al llegar a la residencia presidencial que fue cambiar el colchón de la cama, según él mismo reconoció en un alarde de frivolidad que ya aventuraba su obsesión por su persona, como pone de manifiesto sus famosas frases “son las cinco y no he comido”, o “yo estoy bien” tras su paso por la devastada ciudad de Paiporta.

La situación de España exige cirugía mayor, auditoría integral, limpieza institucional profunda, plan fiscal para devolver dinero a las familias, y la restauración de algo tan básico como la separación de poderes, que últimamente, según el diagnóstico de millones de españoles, está sufriendo un verdadero “tsunami de autoritarismo” digno de regímenes caribeños.

La afirmación de Feijóo de que no habrá un Gobierno de tertulia, que no habrá ministros tuiteros y que lo que España “necesita es un Gobierno que gobierne y deje los platós de televisión”, ha sonado como una “promesa revolucionaria”, que ha causado estupor en los 61 periodistas sanchistas que conforman a diario el “Nodo gubernamental”. Hasta tal punto se han quedado estupefactos que se han dedicado a extender la idea que Feijóo ataca a la libertad de prensa, lo cual pone de manifiesto lo alejados que están de la realidad y que muchos no saben opinar fuera de los argumentarios monclovitas.

La futura legislatura constitucional deberá revertir los ocho años sanchistas, fundamentalmente los últimos 4 años en los que el Congreso ha quedado reducido a una simple “delegación del Gobierno”, como esas oficinas donde solo se sellan papeles sin decidir nada y donde el responsable de la misma es simplemente una triste figura de mirada sumisa, como es el caso de Francina Armengol.

El relato de estos años del sanchismo se puede describir atendiendo a la subida de impuestos, ha habido 97 subidas, prácticamente una subida por mes, dando como resultado que cada español paga 3.500 euros más al año que antes de 2018. Una cifra que explica por qué muchos ciudadanos sienten que trabajan más para Hacienda que para su propia familia.

También se puede describir atendiendo a los casos de la corrupción, que han provocado que estemos ante un Gobierno en descomposición, podrido hasta el último rincón, cuyos escándalos ya no nos sorprenden, porque están poniendo de manifiesto que el “grupo criminal”, tal como lo describe la sentencia del Supremo, era una realidad constante que actuó desde el primer día en que entraron en los ministerios.

La legislatura constitucional tendrá como principal obligación aprobar anualmente los presupuestos, aprobar leyes con memoria económica, reconocer derechos que no exijan clientelismo político, sino pensando en los ciudadanos de forma individualizada y en su bienestar. Supondrá apoyar a los emprendedores a los que se esfuerzan y a los que vienen a contribuir al progreso colectivo. Toda una “revolución”.

Por eso deberá de hablarse de gobierno constitucional y no de gobierno progresista, término que el sanchismo ha manoseado convirtiéndolo en sinónimo de “autoritarismo”, ya que han olvidado que la Constitución de 1978 fue nuestra revolución progresista y democrática, que trajo las libertades a España fruto del consenso y evitó el enfrentamiento. La Constitución no trajo vencedores ni vencidos, ni construyó muros, solo creó ciudadanos libres e iguales ante la ley. Ideas que hoy son revolucionarias ante el involucionismo que supone el sanchismo al pretender que hay ciudadanos, fundamentalmente en el entorno de Pedro Sánchez, que la Justicia no les puede alcanzar porque son “intocables” al ser de la “familia gubernamental”.

La legislatura constitucional no se basará en milagros, sino en el esfuerzo y el trabajo. Será de reconstrucción, de devolver a las instituciones su función y a los ciudadanos su confianza, de gobernar para los españoles, con los españoles. La legislatura constitucional será el antídoto contra el veneno del populismo, y ese antídoto es lo que España necesita, porque nuestro País necesita más Constitución y menos “progresismo de salón”.