El trilero Sánchez rescató de manera irregular Plus Ultra: hay que investigarlo a fondo

Las nuevas revelaciones de El Mundo sobre el rescate de Plus Ultra confirman que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 53 millones de euros de dinero público sobre una estructura accionarial falseada. La compañía se presentó como española para cumplir los requisitos de la AESA (más del 50 % de control en manos comunitarias), pero el control efectivo lo ejercía el venezolano Rodolfo Reyes. Se separó artificialmente Snip Aviation de FlySpain y se inflaron porcentajes para ocultar la realidad. Esa falsedad era determinante: sin licencia tipo A, no había rescate posible.

No era la única irregularidad. Plus Ultra acumulaba pérdidas desde 2017, mucho antes de la pandemia. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas exigía que los problemas tuvieran origen en el covid. No los tenían. Además, arrastraba una deuda de casi 452.000 euros con la Seguridad Social desde 2017. Se obtuvo un certificado de estar al corriente tras un aplazamiento concedido en octubre de 2020, justo un mes después de que José Luis Rodríguez Zapatero se reuniera con José Luis Escrivá. Casualidad o coordinación.

María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda y responsable última de la SEPI, ha declarado en el Senado que “nunca vio un expediente” ni leyó los informes técnicos. ¿Nadie leyó nada? ¿Los informes llegaron sin firma y fueron avalados personalmente por el vicepresidente de la SEPI? ¿Se aprobó un rescate de 53 millones sin verificar quién era realmente el accionista mayoritario? ¿Se maquilló la deuda con la Seguridad Social para que la empresa cumpliera un requisito indispensable?

Zapatero presuntamente cobró por intermediar. Esa intermediación solo podía dirigirse a quien tenía poder para aprobar el rescate: el Gobierno de Sánchez. Todo apunta a complicidad, no a mera incompetencia.

Un juez debe investigar en profundidad y sin límites las condiciones en las que se concedió la ayuda: quién firmó los informes favorables, qué documentos se ocultaron, qué datos se maquillaron y por qué se aceptó una estructura accionarial falsa. Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué ocurrió con nuestro dinero y a que quienes lo malgastaron o permitieron que se malgastara respondan ante la Justicia. No basta con investigar las mordidas de Zapatero. Hay que ir a la raíz.