El Supremo frena en seco las 'trampas' de Sánchez con la Ley de Nietos: España respira aliviada

El Tribunal Supremo ha puesto coto a una irregularidad flagrante en el censo electoral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estima las medidas cautelares y suspende los efectos electorales de las inscripciones en el CERA derivadas de la llamada Ley de Nietos (la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática) cuando se sustentan en una presunción de exilio que la ley no contemplaba con esa amplitud.

No es un detalle menor. De no haberse presentado la denuncia, la trampa se habría consumado. Iustitia Europa llevó la voz cantante: primero ante la Junta Electoral Central y después ante el Alto Tribunal, con Vox personado también en las cautelares. Sin esa iniciativa, cientos de miles de nuevos electores habrían votado en las próximas generales con un censo viciado en origen.

Las cifras ilustran la magnitud. Se han aprobado más de medio millón de nacionalidades (en torno a 545.000 a marzo de 2026) y el CERA ha crecido de forma acelerada, con más de 400.000 altas acumuladas desde 2023. Al mismo tiempo, el Gobierno ha manejado cifras de 2,4 o 2,5 millones de interesados o solicitudes en distintas fases. Proyecciones de la oposición y de varios medios situaban en unos 600.000 los nuevos votantes potenciales de cara a 2027. No todos son irregularidades, pero la presunción automática sí lo era.

Esa distorsión no nació en el Congreso. Nació en una instrucción de 25 de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. El texto presume la condición de exiliado para quienes salieron de España entre 1936 y 1955, ampliando de manera torticera los supuestos que el Parlamento había delimitado -y rechazado ampliar- a razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

Por esa instrucción, Sofía Puente se enfrenta a querellas de Hazte Oír y Vox por presunta prevaricación administrativa. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias preliminares y ha dado traslado a la Fiscalía. No hay aún imputación formal, pero el expediente está abierto.

En unas elecciones tan ajustadas como las de 2023, 13 o 14 escaños se decidieron por márgenes de pocos miles de votos. Un censo exterior inflado y adscrito con criterios opacos podía alterar el último diputado en varias provincias. El Supremo no resuelve el fondo, pero impide que el daño sea irreversible. Sánchez ve abortados, una vez más, sus planes. Y España respira: esta vez han llegado a tiempo los jueces.