Sánchez cazado con la ley de nietos: dimisiones y un claro intento de pucherazo con falsos españoles

Pedro Sánchez ha sido cazado. La “ley de nietos” se vendió como reparación a descendientes de exiliados políticos, pero se convirtió en una máquina de fabricar españoles exprés. La instrucción de Sofía Puente presumió el exilio de todo el que salió de España entre 1936 y 1955, sin exigir prueba individual. El resultado fue centenares de miles de nacionalizaciones, con Argentina como epicentro. El Tribunal Supremo suspendió los efectos electorales de las inscripciones basadas en esa presunción genérica y exigió certificación individualizada. De decenas de miles de expedientes revisados, apenas una fracción ridícula aporta pruebas reales. En Buenos Aires, tras revisar cerca de 18.000, no se encontró ninguna.

Hoy vence el plazo para que Albares y Bolaños entreguen la lista nominal de las 163.020 personas afectadas. El Supremo mantiene la presión máxima sobre Albares -con multas coercitivas y posible responsabilidad penal- y ha descartado suspender todo el voto exterior: no es una opción. Quiere discriminar quirúrgicamente quién puede votar (solo quien presente certificado consular de exilio) y quién no. Si no obtiene el listado completo, se ve entre permitir que voten los 163.000 o arriesgarse a impugnaciones masivas del 29-N. El Gobierno dice que se cumplirá el plazo; en Exteriores no son tan optimistas. Albares se queja de que el foco recaiga sobre él, pero es su Dirección de Asuntos Consulares la que debe identificar a quienes obtuvieron el pasaporte gracias a la instrucción de Puente.

Mientras el Alto Tribunal aprieta, las salidas en Exteriores huelen a sálvese quien pueda. El responsable del voto CERA que implantó la orden de Puente deja el ministerio y es nombrado embajador en Filipinas. La jefa de gabinete del número dos sale hacia Canadá. Cuando el barco hace aguas, los más próximos buscan tierra firme.

El Gobierno usó la ley de memoria para engordar el censo exterior y ahora se resiste a la verificación judicial. A menos de un mes del 29-N, la limpieza democrática exige que solo voten quienes cumplen la ley, no quienes se beneficiaron de un atajo diseñado para multiplicar sufragios. Sánchez ha sido cazado. Las dimisiones son el síntoma. El intento de pucherazo con falsos españoles es la enfermedad.