El debate sobre los agricultores y Doñana desvela la chapuza y desidia del PSOE

La comisión en la que se ha abordado la proposición de Ley para la regularización de suelos para regadíos en el Condado de Huelva, cerca de Doñana, que se tramita en el Parlamento andaluz ha sido de lo más didáctica y también compleja por las extensas y técnicas comparecencias de los citados, entre los que estaban la ministra Teresa Ribera, que rechazó acudir, o la Confederación Hidrográfica del Gualquivir, que ha remitido su visión del problema enviando un informe.

En resumen, las intervenciones han dejado en evidencia varios puntos: la regularización de 9.600 hectáreas en el 'Plan Fresa' de regadíos de 2014 que impulsó el PSOE al frente de la Junta, fue una 'chapuza' que generó "injusticias"; existen recursos hídricos suficientes en Huelva pero no se utilizan o no se ejecutan las obras necesarias para obtenerlos y, por último, el uso político que están haciendo de la proposición que impulsa PP y Vox, que tendría una solución técnica aportada en la sesión para los municipios de de Almonte, Lucena del Puerto, Bonares, Moguer y Rociana del Condado y que está en manos del Estado.

Los regantes de Doñana sólo piden justicia, ni amnistía ni tocar el acuífero

La mayoría de los intervinientes y de los partidos representados en la comisión han coincidido en señalar que la regularización de suelos que se llevó a cabo en el año 2014, conocido como Plan Fresa, causó injusticias entre los agricultores del Condado, dejando fuera de la ley a muchos de ellos en base a una "fotografía" aérea de los terrenos tomada diez años antes, en 2004. En esa imagen si la parcela aparecía sin estar cultivada, aunque estuviera en etapa de barbecho, era descartada de la regularización, cuando los mismos, según los propios alcaldes, tienen su origen en regadío desde los años sesenta.

Así lo ha señalado una de las voces más llamativas en esta sesión: la jefa de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva, Ana Warleta, que ha destacado, entre otros problemas que se encontraron como técnicos, los “errores” del sistema cartográfico en el que se basaron para otorgar esos derechos de agua para regadío.

Un plan sin consenso y arbitrario

La voz de Warleta ha sido de lo más esclarecedora y ha señalado que esta "foto de 2004 fue arbitraria" generando situaciones de "indefensión" entre los agricultores, que se encontró con 3.000 alegaciones y 500 escritos de "rectificación de zonificación", según ha señalado la técnico, lo que demuestra el escaso consenso. Además, ha añadido que aunque "no todos tenían razón" a la hora de reclamar, reconoce que "sí había muchos errores" y cree que la modificación que se debate ahora de la Ley "no traspasa las líneas rojas", refiriendose a la protección del Parque Nacional de Doñana.

Algunos de los más casos de injusticias más significativos han llegado a la sesión a través de la voz de Joaquín Regidor Moreno y García, padre e hijo, afectados por el conocido como Plan Fresa que han narrado lo que han sufrido por este proceso. Uno, funcionario de la Junta durante 40 años, y su hijo, agricultor de Lucena del Puerto, han demostrado como la actividad agrícola en aquellos años estaba siendo impulsada por la propia Junta y recibió incluso subvenciones a cargo de fondos europeos para iniciar su cultivo de regadío y modernizarla posteriormente. Luego llegaros dos sanciones de 50.000 euros cada una por delito medio ambiental, acabando con su futuro, cuando sembraba en las tierras de su abuelo con su correspondiente canon agrario.

La solución está en las infraestructuras del Gobierno

La gestión del agua en la provincia de Huelva es la clave del problema y muchos comparecencias han girado en torno a la necesidad de poner en funcionamiento las infraestructuras comprometidas por Ley del Gobierno de Pedro Sánchez en 2018 como el trasvase del río Tinto, Odiel y Piedras y la presa de Alcolea, entre otras. Desde aquí se podría garantizar el agua del acuífero que abastece a Doñana, a los regantes regularizados y a los afectados por la ley que convertiría unas 800 hectáreas de suelo forestal en regables y sólo usarían aguas superficiales. También abastecer a la población de Matalascañas, en medio del espacio natural, que ha sido señalada por varios intervinientes.

En ello han insistido el representante de las Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía o el funcionario jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Juan Saura, que ha señalado que "agua puede haber" para Doñana, para los regantes existentes y para reparar injusticias. También Juan Manuel Ponce García, Ingeniero Agrónomo y Ejecutivo Jefe de CERES Agroforestal SL, ha sido más contundente asegurando que "es ridículo lo que se está montando" cuando se necesitan 5 hectómetros cúbicos de agua para los agricultores de esta zona del Condado de Huelva.

El palacio de veraneo de Sánchez recibe agua del acuífero de Doñana

El ingeniero ha demostrado que puede haber una solución técnica fácil si se usan los 40 hectómetros de depuradoras que no se están utilizando, porque en Huelva hay un total de 1.500 hectómetros cúbicos.

La comisión continúa toda la jornada de este martes donde también han hablado los ecologistas  WWW España, el sindicato de CCOO o la COAG se han mostrado en contra de la ley, mientras que la mayoría quieren diálogo para, sin tocar el acuífero de Doñana y con aguas superficiales una vez que se generen con esas infraestructuras, se resuelvan las injusticias en la que se encuentran estos agricultores.