La Junta "estalla" contra el Gobierno por empobrecer a los más vulnerables

Muy "mosqueada". Así ha manifestado que se siente la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, tras conocer la decisión del Gobierno central sobre un nuevo reparto de alimentos con la tarjeta monedero, con el que las familias más pobres de Andalucía lo serán un poco más.

López ha reconocido este jueves que ha "estallado" y ha alertado de que "280.000 familias vulnerables de Andalucía se van a quedar fuera" del reparto de alimentos básicos por el nuevo modelo "impuesto" por el Gobierno de España, haciendo haciendo "caso omiso a lo que le decíamos todas las comunidades autónomas y las propias entidades".

Ahora, según ha señalado la responsable de la Junta, estas ayudas van dirigidas "sólo a las familias vulnerables que tengan hijos menores a su cargo", por lo que "dejar fuera" a miles de mayores y personas que tienen pensiones "muy bajitas". López ha afirmado que el nuevo modelo diseñado de reparto de alimentos y con la dotación financiera de que dispone, "solo podrá atender anualmente a entre 15.000 y 20.000 familias con menores a su cargo".

La gota que colma el vaso

La consejera ha asegurado en una entrevista: "la Junta ha estallado y yo he estallado" y ha subrayado que la Junta de Andalucía defiende un sistema dual donde coexistan las tarjetas monedero y el actual sistema de reparto a través de los bancos de alimentos, algo que ya se hizo en Andalucía durante la pandemia del Covid.

Precisamente esto defenderá la Junta en la reunión de carácter técnico que mantendrá el día 31 de este mes con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. "Mi equipo técnico subirá a reunirse con el ministerio a hacerle ver que la decisión que han tomado de manera unilateral rompe la solidaridad y deja a muchas personas vulnerables sin recursos", ha apuntado la consejera, para quien no se pueden tomar ese tipo de decisiones "sin mirar a la cara a las personas, porque esto no va de despachos, esto va de personas y hay que escuchar, ver la realidad y después tomar la decisión".

Asimismo, ha acusado al Gobierno de "mentir" cuando dice que este sistema lo "impone" la Unión Europea, cuando no es así y sólo tres o cuatro países han optado por él.