El gobierno, a la sombra

El calor no lee el BOE. Tampoco espera a que el Gobierno cierre una consulta pública, redacte una estrategia o convoque una comisión interministerial. Entra Dios sabe por dónde, se queda a dormir sin que nadie le invite y convierte muchas viviendas españolas en hornos con hipoteca.

Hemos hablado tanto de combatir el cambio climático que no depende sólo de nuestros esfuerzos que hemos olvidado ocuparnos de lo que si nos compete en exclusiva: prepararnos para adaptarnos a él. Ahora parece que nuestros gobernantes han caído en esa cuenta y reclaman ciudades con más verde y menos asfalto para evitar el efecto “isla de calor”.

Un estudio publicado en The Lancet, sobre 93 ciudades europeas, calculó que la isla de calor urbana elevaba la temperatura estival media en 1,5 °C. Aumentar la cobertura arbórea urbana hasta el 30 % reduciría la temperatura media unos 0,4 °C y podría evitar 2.644 muertes prematuras al año, aproximadamente un tercio de las asociadas a la isla de calor.

Otro análisis de Nature sobre 293 ciudades europeas concluyó que, en el sur de Europa, las superficies cubiertas por árboles pueden estar entre 0 y 4 °C más frescas que las zonas urbanizadas continuas. Además, un espacio verde sin árboles enfría entre dos y cuatro veces menos que uno arbolado.

Pero esos cambios urbanos dependen de quienes gestionan la cosa pública, como también depende de ellos promover aislar fachadas y cubiertas, sustituir ventanas, instalar toldos, favorecer la ventilación y modernizar la climatización. El objetivo no es vivir en verano con el aire acondicionado a todo gas para el que puede permitírselo, -ojo a la factura eléctrica que puede ser de escándalo-, sino no necesitarlo a todas horas.

España tiene alrededor de catorce millones de viviendas en malas condiciones energéticas y solo el 0,08% del parque se somete cada año a una rehabilitación profunda. A ese ritmo, antes enfriaremos el planeta que el dormitorio en España.

La Unión Europea aprobó en 2024 una nueva directiva sobre eficiencia energética de los edificios. El plazo límite para incorporarla al derecho español terminó el 29 de mayo de 2026. El Gobierno llegó al examen con los deberes todavía sin terminar. El 11 de mayo abrió dos consultas sobre elementos esenciales de la certificación energética y mantuvo ambos plazos hasta el 1 de junio, tres días después de vencido el plazo europeo. Y el BOE del 4 de julio seguía hablando de la «necesaria transposición» y financiando trabajos para elaborar el Plan Nacional de Renovación de Edificios. Así que aquí parece que la urgencia administrativa suele empezar cuando termina el calendario.

La fecha era conocida desde hacía dos años, lo que, en la política energética española, equivale a una sorpresa de última hora que dará lugar a los parches y urgencias del próximo Real Decreto-ley “cajón de sastre”, en el que cabe un roto y un descosido. Y hasta que las soluciones llegan, todos a la sombra.

Mientras tanto, el ciudadano recibe un folleto, una promesa y, con fortuna, una subvención cuyo expediente exige más concentración y aislamiento para no descarrilar que su propia casa. No faltan fondos, objetivos ni siglas. Falta información y acompañamiento para los posibles beneficiarios. Sobran cambios sobrevenidos de criterios administrativos que dejan indefensos a los que confiaron en su permanencia para acometer las reformas. En definitiva, falta una política estable, sencilla y ejecutable que acompañe a comunidades de propietarios, familias vulnerables y pequeños municipios desde el proyecto hasta la obra terminada.

La adaptación climática no puede consistir en culpabilizar al jubilado que enciende el aparato ni en convertir el confort térmico en sospecha ideológica o lujo para ricos. Una vivienda eficiente demanda menos energía, abarata la factura y protege mejor la salud. Es una política ambiental, social y económica al mismo tiempo.

El cambio climático lleva mucho tiempo llamando a la puerta. Si no nos adaptamos con urgencia, si no entra por la puerta entrará por la ventana. Y no habrá sombra suficiente para todos.