La carrera contra un putinismo caribeño

Para avanzar en este proceso la Justicia es el primer cerrojo. El problema es que el reloj ya está corriendo y nos juega en contra. Venezuela acaba de conseguir algo que hace apenas unos meses parecía extraordinariamente difícil, improbable, en realidad: comenzar a desmontar una de las piezas esenciales del sistema político que hizo posible la hegemonía chavista.

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera acordaron iniciar un nuevo proceso para renovar la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, rehacer el Comité de Postulaciones Judiciales y volver a modificar la Ley Orgánica del máximo tribunal. No es un retoque cosmético. Si se ejecuta correctamente, es probablemente el avance institucional más importante producido desde el inicio de esta extraña transición bajo tutela estadounidense.

Eso hay que celebrarlo, pero sería un error enorme confundir el primer cerrojo con la puerta completa. El problema venezolano nunca fue solamente quién ocupaba Miraflores. Fue que desaparecieron progresivamente los mecanismos capaces de decirle que no a quien lo ocupaba.

Cuando los tribunales dejan de arbitrar los conflictos, alguien termina arbitrando por ellos. En Venezuela ese alguien han sido demasiadas veces las Fuerzas Armadas. El chavismo siempre usó el recurso de la amenaza para imponer al país su visión. Chávez repetía de forma cansina que “La revolución es pacífica, pero armada”. Por eso recuperar la Justicia es mucho más que escoger magistrados honorables. Significa empezar a sustituir la fuerza por reglas.

Mis autores favoritos, Daron Acemoglu y James Robinson, lo explican magistralmente en El pasillo estrecho, probablemente mi libro de cabecera sobre economía, instituciones y libertad: las sociedades libres necesitan un Leviatán suficientemente fuerte para garantizar el orden, pero suficientemente amarrado para que no devore a la sociedad. El problema no es destruir al Estado. Es encadenarlo. Eso es exactamente lo que Venezuela tiene que hacer ahora a contrarreloj. Y vaya que costará lograrlo.

Dos transiciones paralelas

Este proceso no es lineal. La secuencia soñada es: Maduro cayó, se reforman las instituciones, habrá elecciones y finalmente llegará la democracia; no va a suceder. Y al despertarnos vemos que en Venezuela están ocurriendo dos transiciones simultáneas, de acuerdo a mi perspectiva. 

Una intenta construir tribunales independientes, elecciones competitivas, controles civiles y reglas capaces de limitar al poder. Y la otra puede estar transformando el viejo poder político del chavismo/madurismo en algo mucho más difícil de desalojar: poder económico privado, relaciones internacionales, redes financieras y capacidad de influencia sobre las instituciones que sobrevivan a la transición.

La segunda transición se asemeja mucho a la agenda que construyó el sistema político que hoy permite a Putin controlar Rusia. Claro, esta versión será más creativa, será un putinismo caribeño. No estoy diciendo que los hermanos Rodríguez tengan sobre una mesa un manual para copiar a Vladimir Putin. No simplifiquemos. Soy economista, hablo de incentivos ante todo.

La experiencia rusa de los años noventa demostró cómo una transición con instituciones débiles y una enorme redistribución de activos públicos podía producir una nueva oligarquía con capacidad para influir sobre políticos, instituciones, medios y reglas económicas. Posteriormente, Putin no acabó con la relación entre riqueza y poder, sino que la reorganizó alrededor de un Estado centralizado que hizo entrar por un carril a unos oligarcas y convirtió a otros en parte funcional del sistema.

La Venezuela que nazca de esta transición corre un riesgo parecido, aunque con características propias. Formalmente podrían existir elecciones, más empresas privadas y hasta regresarán las multinacionales. Incluso, puede haber un Parlamento y un Tribunal Supremo mejor que los actuales.

Y, sin embargo, detrás de todas esas instituciones podría haberse consolidado una red relativamente pequeña de intereses económicos, militares y políticos con capacidad suficiente para condicionar a cualquier Gobierno. Eso sería nuestro putinismo caribeño. Y tiene una ventaja formidable sobre el viejo chavismo: no necesita ganar todas las elecciones para seguir repartiéndose el botín sin controles y de forma opaca. 

Rodrigato, Inc.

Ésta es la parte que más deberíamos vigilar. Hasta ahora, el modelo chavista funcionó fundamentalmente apropiándose del Estado, el madurismo lo exacerbó hasta dilapidar el caudal de capital venezolano acumulado por décadas y ahora el rodrigato busca hacer lo propio, pero de forma más inteligente. Controlar el Gobierno significaba controlar PDVSA, contratos, divisas, concesiones, importaciones, reguladores, empresas públicas y oportunidades de enriquecimiento.

Pero existe una estrategia de supervivencia mucho más sofisticada. Consiste en convertir rápidamente ese poder político en propiedad económica privada. Una concesión petrolera sobrevive a un ministro. Una empresa sobrevive a una elección. Una fortuna sobrevive a un partido y una red financiera puede financiar las siguientes cinco campañas. Por eso el mayor peligro no es necesariamente que Delcy Rodríguez quiera permanecer veinte años más en Miraflores.

Puede haber una estrategia bastante más inteligente: aceptar determinadas reformas, tolerar elecciones, entregar progresivamente posiciones formales y asegurarse antes de salir una estructura económica suficientemente poderosa para seguir condicionando el país. Dicho de otra manera, el verdadero peligro es que no desmontemos el madurismo, sino que lo privaticemos a través del rodrigato. Y ya hay señales que obligan a mirar con enorme atención cómo se están articulando los nuevos negocios alrededor de Venezuela.

El caso de Alejandro Betancourt debería encender todas las alarmas. Betancourt es un viejo conocido por ser un hijo de miembros de la élite que se volcaron a canalizar oportunidades de enriquecimiento de forma ilícita. Además está siendo investigado en España y Suiza por presunto blanqueo y fraude fiscal; los medios han documentado su regreso a Caracas y recoge que fuentes próximas al poder le atribuyen labores de asesoramiento a Delcy Rodríguez en petróleo, minería y reestructuración de deuda, aunque su función no ha sido confirmada oficialmente. Incluso, Mauricio Claver-Carone ha señalado que funcionarios estadounidenses utilizaron a Betancourt como intermediario entre Caracas y Washington.

Estamos viendo aparecer intermediarios capaces de conectar capital formado durante el chavismo y madurismo, el nuevo poder alrededor de los Rodríguez y los intereses empresariales estadounidenses. Ese tipo de nodo es exactamente el que una transición democrática debe vigilar. Porque una vez repartidos los activos será muchísimo más difícil repartir el poder.

Trump no es un árbitro neutral

A Donald Trump se le puede acusar de cualquier cosa, menos de ser un estadista volcado en favor de la Democracia. Aquí aparece otra incomodidad que los venezolanos tendremos que asumir. Donald Trump es hoy parte fundamental de la solución venezolana y, simultáneamente, uno de sus principales riesgos.

Sin la capacidad coercitiva de Estados Unidos probablemente no existiría esta ventana. Eso lo sabemos todos, pero Washington no está actuando como un fiduciario desinteresado encargado de entregarnos una democracia y marcharse. La política de Trump es abiertamente transaccional y busca hacerse de los “despojos” del vencido. Aunque el único vencido hasta ahora está preso en Nueva York y los despojados están en Venezuela.

La estrategia de tres (3) fases de Rubio ha convocado a empresas estadounidenses y ello va a generar inversiones, a la vez que el poder político es reformado para llevar a un proceso de elecciones. Entonces, mientras ambas cosas coincidan no habrá problema.

Pero ¿qué ocurrirá si dejan de coincidir? Esta pregunta nace al ver la cantidad de intereses que están convergiendo en contra del mismo proceso de reinstitucionalización y acuerdos que la mesa de negociación adelanta. ¿Qué ocurrirá si un rodrigato cooperativo ofrece petróleo, estabilidad, negocios y disciplina interna mientras una verdadera democratización empieza a amenazar algunos de esos acuerdos? Ésa es la pregunta que nadie debería dejar para después.

Se negocia entre garantes

La mesa de negociación tiene además una debilidad clave y de origen. La delegación encabezada por Dinorah Figuera posee una legitimidad institucional derivada de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que Washington continúa reconociendo como el último Parlamento venezolano electo democráticamente. Pero eso no equivale a representar hoy electoralmente a la mayoría opositora, porque el país político dictó sentencia en 2023 y 2024. María Corina Machado, la figura opositora con mayor capital político, quedó fuera del proceso y eso va a tener consecuencias.

Los acuerdos alcanzados por Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) no terminarán de probar su solidez cuando se firmen. La verdadera prueba llegará después. Si Machado o una fuerza política articulada alrededor de ella gana unas futuras elecciones, será ese Gobierno quien deberá cumplir parte de las garantías ofrecidas por negociadores que hoy no representan su liderazgo.

Por eso creo que Machado cometió un error al aceptar quedar fuera del proceso sin exigir al menos algún mecanismo formal de participación, consulta o ratificación. No necesitaba sentarse allí para sacarse una fotografía. Necesitaba estar porque puede terminar siendo la principal garante de acuerdos que otros están negociando en su nombre. El meollo es que si ella es quien ejecuta el acuerdo, debe estar comprometida con ello o va a existir alguna tentativa de romperlo si el acuerdo choca con su visión de lo que es correcto. Y aquí aparece un problema adicional.

No hace falta imaginar una conspiración contra Machado para comprender que varios participantes tienen incentivos para que su capital político disminuya. PJ y VP necesitan reconstruir espacio político después de haber sido arrasados electoralmente por el liderazgo surgido en las primarias de 2023. El rodrigato necesita una oposición más fragmentada y negociable. Washington necesita interlocutores capaces de firmar y ejecutar acuerdos. La secuencia electoral, por tanto, no será neutral

Unas elecciones municipales o regionales adelantadas pueden reconstruir las redes territoriales de PJ y VP, ofrecer oxígeno político al proceso y, al mismo tiempo, diluir progresivamente la centralidad de Machado. Esto no demuestra un acuerdo secreto. Demuestra algo mucho más importante en política: los incentivos están alineados.

Después están las Fuerzas Armadas

Aquí es donde la transición puede saltar por los aires.Durante 27 años se construyó una jerarquía militar acostumbrada no solamente a ejercer funciones de defensa, sino a intervenir en economía, empresas públicas, distribución de alimentos, materias primas y petróleo. Tienen hasta una planta televisiva, una aseguradora y un banco.

Reuters ha señalado que Venezuela llegó a tener hasta unos 2.000 generales y almirantes y que oficiales activos y retirados ocuparon posiciones relevantes dentro de PDVSA, empresas y distintas actividades económicas.

Ha habido cambios importantes después de enero, es verdad. Delcy Rodríguez sustituyó a Vladimir Padrino López tras más de once años en Defensa y nombró a Gustavo González López, proveniente del aparato de inteligencia y contrainteligencia. También se han producido cambios en otros mandos. Pero cambiar generales no significa haber reinstitucionalizado a las Fuerzas Armadas. Todavía no vemos una ruptura profunda con el modelo que convirtió a los militares en actores económicos y políticos. Y ése es el problema.

Y aunque en cualquier transición hay ganadores y perdedores, cuando algunos de los perdedores controlan armas, unidades militares y redes económicas, el problema deja de ser únicamente político. Las elecciones ayudan. Un TSJ independiente ayuda. Eso sí, ninguno de los dos garantiza por sí solo que un grupo de oficiales perjudicado por el nuevo reparto del poder vaya a aceptar tranquilamente el resultado.

La pregunta decisiva es ésta:

¿Será capaz el nuevo Tribunal Supremo de dictar una sentencia contraria a los intereses de un sector militar poderoso y conseguir que esa sentencia se cumpla? Cuando la respuesta sea inequívocamente sí, habremos avanzado de verdad. Hasta entonces, el último árbitro seguirá llevando uniforme.

El tiempo favorece a quien quiere sobrevivir

Aquí está la carrera que nos ocupa. La Administración Trump tiene mandato hasta enero de 2029. Éste es el límite de esta excepcional correlación de fuerzas. No tenemos ninguna garantía de que su presión sobre Venezuela mantenga la misma intensidad hasta entonces.

Puede aparecer otra guerra o cambiar la prioridad de Washington. Quizás llegue una crisis económica o que la dinámica del Congreso ejerza presión de una manera que bloquee la agenda o que la estrella política de Marco Rubio se apague y con ello la voluntad política.

Por eso Venezuela no tiene cinco o diez años para hacer estas reformas. Tiene una ventana muy breve para convertir la coerción externa en instituciones internas. Y mientras nosotros intentamos amarrar al Leviatán, el Leviatán también utiliza el tiempo.

Cada mes debe servir para avanzar en la reinstitucionalización: reformar los tribunales, construir reglas electorales más sólidas, profesionalizar las Fuerzas Armadas y aumentar la transparencia. Pero ese mismo tiempo también puede ser utilizado para otorgar contratos, consolidar empresas, recolocar generales y tejer nuevas redes de intermediarios, sociedades, concesiones y relaciones financieras.

Por eso el rodrigato tiene un incentivo natural para intercambiar concesiones reversibles por tiempo irreversible. Esa puede terminar siendo su gran estrategia. No bloquearlo todo, sino ceder lo suficiente, negociar, liberar espacios, aceptar reformas parciales y esperar. Esperar, en definitiva, a que desaparezca la amenaza externa que hoy limita su margen de maniobra.

Venezuela ya conoce esta historia

Venezuela ya vivió algo parecido. Juan Vicente Gómez gobernó durante 27 años construyendo una red de privilegios, concesiones y lealtades alrededor del Estado. Cuando murió en 1935, ese sistema no desapareció con él. Quedaron las fortunas, los funcionarios, los militares y las relaciones creadas durante décadas de poder.

Ese es precisamente el reto de toda transición: desmontar las estructuras que sobreviven al caudillo y que luego se convierten en grandes obstáculos a la Democracia liberal. El post-gomecismo trabajó por desgastar a la Democracia civilista hasta que en 1998 trajo a la presidencia a otro militar.

Antes de que disminuya la presión estadounidense, Venezuela necesita dejar atados los puntos esenciales, los cuales para mí son: el tener una Justicia independiente, celebrar elecciones capaces de producir una transferencia real del poder, volver a las Fuerzas Armadas subordinadas al mando civil, reglas transparentes para los grandes negocios de la transición y garantías internacionales que no dependan únicamente de Donald Trump.

La reforma del Tribunal Supremo es un gran comienzo, e incluso, un calendario electoral cuando sea anunciado será bienvenido, pero no basta.