La dolarización dejaría a la banca venezolana sin red de seguridad

Durante esta etapa de transición política en la que el país se empieza a deslastrar de la hegemonía chavista, estamos presenciando un debate en donde se propone a la dolarización plena como una solución definitiva a la inestabilidad económica: se elimina el bolívar, se le quita al Gobierno la posibilidad de financiarse mediante emisión y la inflación queda bajo control. La promesa es atractiva porque responde a un trauma real. Después de años de devaluación, hiperinflación y destrucción del ahorro, cualquier fórmula que ofrezca estabilidad parece preferible a volver a confiar en la moneda nacional.

Pero esa promesa oculta una pregunta decisiva que los propulsores de la dolarización plena están pasando por alto: ¿quién respalda a los bancos cuando el país utiliza una moneda que no puede emitir?

Ése es el punto que los defensores de la dolarización suelen relegar. Una economía no se estabiliza únicamente porque los precios dejan de subir a ritmos destructivos. También necesita depósitos seguros, crédito, liquidez y capacidad para contener el miedo cuando los ahorristas corren a retirar su dinero. Sin esas condiciones, la estabilidad monetaria puede convivir con una enorme fragilidad financiera.

La dolarización reduce un riesgo, pero crea otro. Elimina la posibilidad de que el Estado destruya la moneda mediante emisiones irresponsables, pero deja al sistema bancario dependiendo de una cantidad limitada de dólares. En un país petrolero, institucionalmente débil y necesitado de reconstruir el crédito, ese intercambio es demasiado peligroso.

Un banco solvente también puede quedarse sin dinero

La banca descansa sobre una promesa delicada: recibe depósitos que pueden retirarse en el corto plazo y utiliza una parte de esos recursos para conceder préstamos a plazos más largos. Ese mecanismo financia viviendas, inventarios, maquinaria, consumo e inversión. También hace que cualquier banco sea vulnerable a una retirada masiva de depósitos.

Un banco puede poseer activos suficientes para cubrir sus obligaciones y, aun así, no disponer del efectivo inmediato que exige una corrida. No necesariamente está quebrado; puede enfrentar un problema temporal de liquidez. En una economía con moneda propia, un banco central serio puede prestarle recursos de emergencia contra garantías, a una tasa de penalización y bajo condiciones estrictas. Ésa es la función del prestamista de última instancia: impedir que una crisis de confianza destruya entidades solventes y arrastre con ellas al resto del sistema.

Con una dolarización plena, esa capacidad queda drásticamente reducida. El Banco Central de Venezuela podría supervisar, exigir reservas, administrar un fondo de liquidez o negociar líneas internacionales. Lo que no podría hacer es crear los dólares necesarios para responder ante una corrida generalizada. Sólo podría utilizar las divisas acumuladas previamente, precisamente en el momento en que todo el sistema intentaría obtenerlas a la vez.

El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la adopción unilateral de una moneda extranjera exige resolver complejos problemas institucionales y operativos. El país renuncia a instrumentos monetarios propios, pierde el señoreaje y limita su capacidad de suministrar liquidez al sistema financiero. No basta, por tanto, con sustituir los billetes. Hay que sustituir toda una arquitectura de respaldo.

Ése es el verdadero precio de la dolarización: el país compra una camisa de fuerza contra la inflación, pero entrega parte de su capacidad para impedir que un episodio de pánico se convierta en una crisis bancaria.

Ecuador prueba la estabilidad, no el milagro

Ecuador demostró que la dolarización puede reducir la inflación y devolver una referencia monetaria estable después de una crisis devastadora. Negarlo sería absurdo. Pero convertir esa experiencia en una prueba irrefutable a favor de la dolarización venezolana también lo sería.

El país adoptó el dólar en el año 2000, en medio de una profunda crisis fiscal, monetaria y bancaria. Al hacerlo, su banco central renunció a la función tradicional de prestamista de última instancia justo cuando la fragilidad financiera hacía más evidente su importancia. Desde entonces, Ecuador ha tenido que compensar esa renuncia con reservas de liquidez, regulación prudencial, fondos de respaldo y una gestión más exigente de los dólares disponibles.

La dolarización tampoco eliminó la indisciplina fiscal. Simplemente impidió financiarla mediante la emisión de moneda nacional. Un Gobierno que gasta más de lo que ingresa todavía puede endeudarse, acumular atrasos, aumentar impuestos, consumir reservas, presionar a la banca o recurrir a mecanismos cuasifiscales. El déficit no desaparece por cambiar de moneda; cambia la forma de pagarlo.

Ésta es una distinción fundamental para Venezuela. La dolarización puede bloquear una vía de abuso, pero no corrige por sí sola las instituciones que producen ese abuso. Si el poder político conserva la capacidad de someter al banco central, alterar las reglas, intervenir el crédito o apropiarse de las reservas, encontrará nuevos caminos para trasladar el costo de sus desequilibrios a la sociedad.

La estabilidad de precios conseguida por Ecuador es real. El supuesto milagro institucional de la dolarización, no.

Panamá no es un modelo que pueda copiarse

Panamá suele aparecer como la demostración de que un país puede prosperar sin moneda propia. La comparación omite casi todo lo que hace excepcional al caso panameño.

Panamá es una economía pequeña, abierta, logística, financiera y de servicios, integrada durante décadas a los mercados internacionales. Su sistema bancario tiene acceso a redes de financiamiento y liquidez externa que Venezuela no posee. Incluso bajo esas condiciones, el país carece de un prestamista de última instancia tradicional y no cuenta con un seguro de depósitos comparable al de otras economías. Su estabilidad depende de una banca prudente, altamente líquida y conectada con el exterior.

Venezuela parte del extremo opuesto: una banca reducida por años de hiperinflación, encajes confiscatorios, controles, contracción económica, intervención política y desaparición del crédito. Necesita financiar la recuperación de empresas, infraestructuras, viviendas y capacidad productiva. Pretender que puede copiar la arquitectura panameña equivale a ignorar que ambas economías tienen historias, instituciones y fuentes de divisas radicalmente distintas.

Panamá no demuestra que la moneda sea irrelevante. Demuestra que una economía dolarizada sólo puede funcionar con instituciones, liquidez e integración financiera muy superiores a las que hoy tiene Venezuela.

El petróleo convertiría cada shock externo en una amenaza bancaria

La vulnerabilidad venezolana no es teórica. En una economía dolarizada, los bancos necesitarían dólares para respaldar depósitos, conceder préstamos, atender retiros, financiar importaciones y sostener el capital de trabajo de las empresas. Mientras ingresen suficientes divisas, el sistema puede funcionar. Cuando escaseen, el crédito y la liquidez se contraerán al mismo tiempo.

Y en Venezuela los dólares no entran de manera estable. Dependen de la producción y el precio del petróleo, las sanciones, las licencias internacionales, las remesas, la inversión extranjera, el acceso al endeudamiento y la confianza política. Una caída del ingreso petrolero dejaría de ser únicamente un problema fiscal o cambiario. Se convertiría también en una amenaza directa para la liquidez de la banca.

La secuencia sería previsible: entran menos dólares, los bancos endurecen sus condiciones, las empresas pierden capital de trabajo, caen las importaciones, aumenta la morosidad y el crédito desaparece justo cuando la economía más lo necesita. Si además surge temor entre los depositantes, el Estado sólo podría responder con las reservas que hubiera logrado acumular o con líneas externas que quizá no estarían disponibles en medio de la crisis.

La dolarización no eliminaría los ciclos petroleros. Haría más difícil amortiguarlos.

El falso dilema entre dolarizar o volver al desorden

Rechazar la dolarización plena no significa defender el regreso al bolívar sin límites. Venezuela ya conoce el resultado de un banco central convertido en caja del Gobierno: inflación, devaluación, empobrecimiento y destrucción del crédito. Esa experiencia no admite matices. La emisión para financiar el déficit debe quedar prohibida y la autonomía del Banco Central debe estar protegida por una arquitectura institucional que el Ejecutivo no pueda alterar a conveniencia.

Pero entre la discrecionalidad monetaria y la renuncia absoluta a la moneda propia existe una alternativa superior: un bimonetarismo formal, transparente y disciplinado.

El dólar debe conservar plena legalidad como medio de pago, instrumento de ahorro y unidad de cuenta. Nadie debe obligar a los venezolanos a entregar las divisas con las que protegieron el fruto de su trabajo. Al mismo tiempo, una moneda nacional estable puede cumplir funciones que el dólar no puede asumir por sí solo: proveer liquidez de emergencia, facilitar el crédito a empresas cuyos ingresos se generan en el mercado interno y ofrecer un amortiguador ante shocks externos.

Ese modelo exige reglas inflexibles. Las cuentas y los créditos en ambas monedas deben ser legales y transparentes. Los préstamos en dólares deben dirigirse principalmente a quienes producen o reciben dólares, para evitar descalces que conviertan una devaluación en una ola de impagos. El banco central debe ser autónomo, tener un mandato explícito de estabilidad de precios y quedar impedido de financiar al Gobierno. La banca necesita supervisión independiente, un seguro de depósitos creíble, reglas de resolución, límites severos a los créditos relacionados y colchones de liquidez suficientes.

No se trata de devolverle a la política una máquina de imprimir dinero. Se trata de conservar una herramienta monetaria y encadenar a normas que impidan utilizarla para financiar el poder.

Venezuela necesita disciplinar sus instrumentos, no destruirlos

La dolarización plena no es un seguro para los depósitos ni una garantía de solvencia bancaria. Tampoco resuelve el déficit fiscal, crea crédito productivo o sustituye instituciones débiles. Su virtud es concreta: impide que el Estado emita la moneda utilizada por la economía. Su costo también lo es: deja al sistema financiero sin un emisor capaz de crear liquidez de emergencia en esa moneda.

En una Venezuela con reservas abundantes, acceso permanente al financiamiento internacional, bancos profundamente capitalizados y una economía diversificada, ese riesgo podría administrarse. Éste no es el país que existe. Venezuela es una economía petrolera, volátil, descapitalizada y obligada a reconstruir simultáneamente su producción, su moneda, su sistema financiero y la credibilidad del Estado.

Por eso no debe formalizar la dolarización plena. Debe reconocer la realidad dolarizada que ya existe, proteger la libertad de utilizar divisas y levantar sobre ella un régimen bimonetario confiable. El dólar puede seguir siendo refugio y disciplina. La moneda nacional debe recuperar, bajo reglas estrictas, su capacidad de financiar transacciones internas y respaldar al sistema en una crisis.

La conclusión es categórica: Venezuela no saldrá del desastre monetario sustituyendo unas instituciones fallidas por la ausencia de instrumentos. Saldrá cuando construya instituciones capaces de gobernarlos. La estabilidad duradera no consiste en renunciar al banco central, sino en impedir que vuelva a ser utilizado contra los ciudadanos.